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La Contraloría General de la República informó que inició un proceso de Control Excepcional en el proyecto Hidroituango, con el fin de determinar un presunto detrimento patrimonial en el proyecto, cuyo costo es de 11,4 billones de pesos.
Con esta actuación se determinará en unos seis meses quiénes pudieron tomar malas decisiones en su ejecución, las irregularidades que se pudieron dar en el proceso de planeación para la construcción de la represa, los sobrecostos que se han generado, así como las pérdidas que han producido la crisis que afronta y las emergencias ambientales o sociales que se han generado con la misma.
Igualmente, se busca establecer la actual situación financiera del proyecto y revisar la planeación, celebración, ejecución y proceso de decisión de los contratos que comprometen los recursos de Hidroituango.
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Se revisará también la posible aprobación de obras adicionales, cuestionadas técnicamente desde el principio, por riesgos de derrumbes y deslizamientos, que finalmente se concretaron.
“La Contraloría adquiere el compromiso de revisar los elementos que aseguren el buen uso de los recursos, se han identificado 200 contratos que buscan el desarrollo del proyecto y que se cumpla la promesa de valor de generar energía en firme para el país”, indicó Ricardo Rodríguez, vicecontralor encargado.
El organismo de control también señaló que ve un riesgo en la demanda energética del país y que no ve viable que EPM participe en nuevas subastas de energía, sin tener la certeza de lo que pasará con el proyecto.
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“No tendría ninguna racionalidad que está energía que de alguna manera está comprometida y que está en condiciones de incertidumbre, pueda ser un proyecto que vuelva a entrar al ejercicio de subasta, hasta que no se resuelva la situación”, manifestó el alto funcionario.
También se revisará las actuaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ya que le otorgó a EPM una subasta energética sin contar con la represa culminada.
