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La Contraloría General alertó que más de cinco millones de personas en Colombia aún no tienen acceso a agua potable y señaló que la reducción del presupuesto para el próximo año podría agravar las brechas en servicios públicos esenciales.
Durante la apertura del foro '30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones', el ente de control presentó cifras que evidencian rezagos persistentes y dificultades para garantizar el acceso equitativo al agua, saneamiento básico y recolección de residuos.
Según la Contraloría, más de 5 millones de colombianos siguen sin agua potable, 12,5 millones no cuentan con alcantarillado y 8,6 millones no tienen servicio de recolección de basuras. Pese al paso de tres décadas desde la expedición de la Ley 142 de 1994, los avances han sido moderados: el acueducto urbano creció apenas un 3,2%, el alcantarillado 11,8% y el servicio de aseo 16,1%.
El organismo señaló desigualdades marcadas entre las zonas urbanas y rurales. “La brecha urbano-rural en acueducto es del 36%, en alcantarillado del 78,4% y en aseo del 67,5%”, y destacó que regiones como la Amazonía mantienen niveles críticos de cobertura: “La Amazonía tiene apenas 46,8% de cobertura en acueducto, frente al 93,6% en la región Andina”.
La Contraloría advirtió sobre la reducción del presupuesto destinado a agua y saneamiento: “El presupuesto de 2026 reduce en un 53% los recursos para agua, saneamiento y gestión de residuos, de 1,5 billones en 2025 a 0,7 billones en 2026”.
Además, llamó la atención sobre la baja ejecución de los recursos actuales: “Con corte al 18 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda solo había ejecutado el 23% de su inversión; en agua y saneamiento, el 22%”.
De continuar esta tendencia, podría verse afectada la capacidad del país para garantizar continuidad, calidad y cobertura.
La entidad informó que, de 684 plantas de tratamiento evaluadas, solo el 39% opera adecuadamente, mientras el resto registra fallas o abandono, generando vertimientos contaminantes en cuerpos de agua.
Entre 2020 y el primer semestre de 2025, se realizaron auditorías a recursos del Sistema General de Participaciones, Planes Departamentales de Agua y regalías, que dejaron más de $443.232 millones en hallazgos fiscales.
La Contraloría reiteró que continuará con su labor de vigilancia, pero subrayó la necesidad de que la gestión pública responda a las necesidades de las comunidades más afectadas:
“Nuestro trabajo debe convertirse en un instrumento para corregir, anticipar riesgos y garantizar que las políticas públicas lleguen a quienes más lo necesitan”.
