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En el municipio de Puerto Escondido, la Contraloría General de la República, señaló presuntas anomalías en contratos destinados a la atención de la emergencia ocasionada por la Covid-19.
Según el organismo de control, fueron detectados tres casos de personal médico (una enfermera, un médico y un psicólogo) contratados por el municipio y habrían cobrado buena parte del valor del contrato, aunque solo trabajaron dos días.
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Dice la Contraloría que bajo el amparo de la urgencia manifiesta, suscribieron dos contratos con objetos similares (prestación de servicios logísticos dentro las medidas de emergencia) por el valor de cien millones de pesos.
De acuerdo con el informe, en uno de estos contratos hallaron presuntos sobrecostos en servicios y no se especifica la población para atender. El otro contrato fue cuestionado porque fue realizado sin un estudio de mercado.
La advertencia la hace la Contraloría luego de examinar 7.756 procesos donde se encontraron sobrecostos exagerados en kits de mercado y elementos de protección en diferentes regiones del país.
Al respecto la alcaldesa de Puerto Escondido, Heidy Torres, dijo que los trámites se realizaron correctamente y agregó que cuenta con todos los soportes de esa contratación para demostrar que no se presentaron anomalías.
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En la mayoría de municipios del departamento de Córdoba hay muchas quejas en la entrega de mercados para ayudar durante la cuarentena porque los estarían utilizando con fines políticos.
La Contraloría también reveló presuntos sobrecostos en kits de ayuda alimentaria, en contratos de Gobernaciones de Arauca, Casanare, Guaviare y Valle, y municipios como La Palma (Cundinamarca), Acacías y Puerto Gaitán (Meta) y La Unión (Valle).
