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La Contraloría General de la República alertó sobre una recurrente desfinanciación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que pondría en riesgo la atención de 1,6 millones de estudiantes en 2026.
Según el organismo, se requerirán $1,3 billones adicionales para garantizar la cobertura completa del servicio en instituciones oficiales del país.
Durante el foro 'Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia', el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó los resultados de la evaluación sobre la ejecución del PAE, donde se evidenciaron falencias estructurales que afectan el acceso de niños, niñas y adolescentes a la alimentación escolar.
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En 2025, el programa beneficia a 5,5 millones de estudiantes con una inversión de $5,27 billones, pero más de 1,2 millones de menores aún no reciben el servicio. En las vigencias 2024 y 2025, la Contraloría identificó 30 hallazgos fiscales por $7.974 millones, principalmente por sobrecostos (48%) y pagos sin soporte (47%).
Entre 2020 y el primer semestre de 2025, el total de hallazgos asciende a 813, de los cuales 185 tienen incidencia fiscal por más de $55.500 millones.
El organismo señaló que las regiones Pacífico, Centro Sur y Llanos concentran los hallazgos más significativos y que persisten grandes disparidades en la asignación de recursos. Aunque el PAE alcanzó en 2023 una cobertura nacional del 79%, 19 departamentos están por debajo del promedio, y zonas como Amazonas, Casanare y Guaviare no superan el 50%. En Sahagún, Córdoba, la cobertura fue apenas del 23%.
La Contraloría también destacó deficiencias en la supervisión y control de las raciones alimentarias, especialmente en Llanos, Eje Cafetero y Centro Oriente, así como retrasos en la contratación, interrupciones del servicio y problemas de suministro.
En 2023, más de 2,5 millones de estudiantes no recibieron el PAE durante su jornada académica, según auditorías y reportes de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA).
En materia de infraestructura, el organismo evidenció cocinas no funcionales, comedores inadecuados, deficiencias en refrigeración, falta de agua potable y menaje insuficiente, condiciones que podrían poner en riesgo la inocuidad de los alimentos. Estas limitaciones afectarían a más de 135.000 estudiantes en regiones como Caribe y Centro Oriente.
Asimismo, se registró un bajo cumplimiento del requisito de compra mínima del 30% en productos locales, ya que el 47% de las sedes educativas no priorizan la adquisición de alimentos cultivados en sus regiones.
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Pese a las dificultades, la Contraloría reconoció que el PAE ha tenido un impacto positivo en la permanencia escolar, reduciendo la deserción entre el 10% y el 25%. No obstante, advirtió que es urgente fortalecer los mecanismos de financiación, control y ejecución para cumplir los objetivos del programa y garantizar el derecho a la alimentación de la población estudiantil.
