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La Contraloría General de la República investiga varios casos de manejos irregulares de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que se han registrado en varias regiones del país en los últimos años.
A la fecha, el organismo de control adelanta alrededor de 185 investigaciones por irregularidades en el programa, que suman cerca de 75.000 millones de pesos y que involucran a los departamentos de Santander, Bolívar, La Guajira Y Sucre, donde se concentran los manejos más cuestionados.
El ente de control estima que hasta en un 35 % de los contratos del Programa de Alimentación Escolar, no se cumple con los estándares mínimos de calidad en los alimentos.
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Recientemente, la Contraloría identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a supuestos beneficiarios durante la pandemia del covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.
La entidad encontró 28.000 raciones entregadas a más de 15.000 beneficiarios con documento de identidad que, al ser cruzado con la Registraduría Nacional, indica que están fallecidos.
Además, en varios departamentos, los tutores de menores que recibieron raciones, tienen múltiples beneficiarios, es el caso de una mujer que aseguró ser la madre de 172 niños y niñas, en el departamento del Cesar.
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Según el ente de control, estos malos manejos podrían haber puesto en riesgo más de 2.250 millones de pesos, por eso, el organismo inició una actuación Especial de Fiscalización, por una posible afectación al patrimonio público.
Este caso se suma a la investigación que se adelanta por las irregularidades que se registraron en el departamento de Santander, donde se habría repartido en las porciones de alimentación carne de burro y caballo.
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