La FM en Google News
Luego de semanas de expectativa, el Gobierno colombiano ejecutó la extradición a Estados Unidos del jefe criminal Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá'. La justicia norteamericana lo requiere por narcotráfico y lo acusa de enviar vastas toneladas de droga.
El trámite se concretó luego de una instrucción pública del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X, su canal de comunicación más habitual, le ordenó al ministro de Justicia interino saliente, Andrés Idárraga, sacar del país al jefe de La Inmaculada.
Según Petro, la presión por el envío de Marín a Norteamérica se debe a que intentó "comprar funcionarios públicos con dineros públicos" para evitar la extradición. "La paz no es una mercancía, la paz es un derecho", concluyó, sin mostrar pruebas de sus acusaciones.
Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia y próximo a dejar su cargo como ministro para que lo suceda Jorge Iván Cuervo, respondió por la misma red social. "A su mandar, presidente", publicó, al tiempo que señaló que la orden "se ejecutará con resultado", como al final ocurrió.
El intercambio de mensajes apareció el mismo fin de semana en el que el jefe de Estado viajó a Estados Unidos para una reunión clave con el presidente Donald Trump. Los mandatarios se encontrarán en la Casa Blanca, en la capital estadounidense, este 3 de febrero sobre el mediodía.
Lo cierto es que el Gobierno firmó la extradición de 'Tuluá' la semana pasada. La Resolución Ejecutiva 037 de 2026, de diez páginas y que firmaron tanto Petro como Idárraga el 26 de enero, reiteró la postura del Ejecutivo de diciembre de 2025: Marín Silva debe irse a Texas.
Más de una veintena de antecedentes penales
"Procedemos, entonces, a notificarle a la Fiscalía General de la Nación para que, en coordinación con el Gobierno americano, se inicie, a más tardar en quince días, su proceso de extradición", explicó el ministro en declaraciones a la prensa dos días después de la resolución.
En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal autorizó la extradición de 'Pipe Tuluá' a Estados Unidos, donde lo requiere la Corte del Distrito Este de Texas para que responda por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Mientras se concretaba el procedimiento, estuvo recluido en una estación de Policía en Bogotá.
Con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, la Corte emitió un concepto de 45 páginas que detalló, por ejemplo, 45 antecedentes de Marín en la Fiscalía, por delitos como amenazas, constreñimiento ilegal, extorsión, homicidio, terrorismo, porte de armas de fuego y concierto para delinquir.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) le informó a la Corte que la Policía tenía en sus manos una orden de captura del 22 de mayo del año pasado, además de cuatro investigaciones por extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte de armas y concierto para delinquir.
Aunque la defensa de 'Tuluá' intentó alegar el principio non bis in idem, que en el derecho prohíbe juzgar a una persona más de una vez por un mismo hecho, la Corte desestimó los argumentos y lanzó un concepto favorable para la extradición, que luego el Gobierno firmó.
La extradición estuvo en vilo por meses
Un mes después, el presidente Gustavo Petro oficializó el procedimiento, que incluyó una petición de que Estados Unidos se comprometiera a no someter a Marín a desaparición forzada, torturas, tratos inhumanos o prisión perpetua. Washington entregó su compromiso, Bogotá extraditó a 'Tuluá'.
Tras conocer la decisión del Gobierno nacional, 'Pipe Tuluá' presentó una tutela alegando una supuesta vulneración a sus derechos al debido proceso, la defensa, la libertad personal y el acceso a la administración de justicia. Su intención era tumbar el concepto favorable de la Corte Suprema.
Con ponencia de la magistrada Hilda González, expresidenta de la Sala Civil, la Corte desestimó el amparo, que, aunque atacaba la postura de la Sala Penal, también buscaba desmarcarse de la resolución de Petro. Marín podía impugnar el fallo y reponer la Resolución 037, como en efecto lo hizo.
"Esta especial justicia no puede arrogarse competencias para resolver sobre una cuestión que en principio debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural", remarca el corto fallo de la Civil.
La decisión dice que la resolución que el jefe de Estado firmó es un acto administrativo, así que podía controvertirse ante la jurisdicción contencioso administrativa, no a través de la tutela, que es un mecanismo excepcional. Incluso, Marín podía radicar un recurso de reposición.
Seguridad reforzada por posibles amenazas
"Resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional", concluyó la Corte. En paralelo, el Ejecutivo buscó acercamientos con la Inmaculada, y nombró a Jorge Lemus, exdirector nacional de Inteligencia, como jefe de los diálogos para conocer la voluntad de paz de la banda.
Este lunes, la víspera del viaje de 'Tuluá' fuertemente escoltado, la Policía y el Ejército reforzaron sus patrullajes en Tuluá, un municipio de más de 230 mil habitantes a 96 kilómetros de Cali, la capital vallecaucana. El pie de fuerza fue resultado de la articulación entre el Ejecutivo nacional y el local.
Gustavo Vélez, alcalde tulueño, sostuvo en diálogo con La FM que la inteligencia "ha sido fundamental para tratar de anticiparnos". "En términos generales, lo que existe es una fuerza muy consolidada y un trabajo muy articulado", dijo, tras varios operativos de la fuerza pública.
Las autoridades han preparado la extradición de 'Pipe Tuluá' desde junio del año pasado, cuando la Policía lo trasladó en helicóptero desde la cárcel La Picota, el complejo carcelario más importante del país, hacia la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de la capital.
Marín permanecía preso desde 2015, y cumplía en Colombia una condena de treinta años de prisión. A lo largo de su detención, la Inmaculada incrementó su control del microtráfico y la extorsión, y amplió su presencia desde el Valle del Cauca hasta el Cauca y el Eje Cafetero.
El 4 de junio, cuando parecía inminente la extradición, varios delincuentes quemaron vehículos en Tuluá, por lo que el Gobierno local decretó un toque de queda. El Ministerio de Defensa prometió medidas de seguridad y aseguró que la decisión "responde a una solicitud formal" de Estados Unidos.
