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A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le ordenó al ministro de Justicia interino saliente, Andrés Idárraga, extraditar a Estados Unidos a Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', donde el cabecilla de la banda 'la inmaculada', es requerido por narcotráfico.
Según Petro, la presión por el envío de Marín a Norteamérica se debe a que el cabecilla de La Inmaculada intentó "comprar funcionarios públicos con dineros públicos" para evitar la extradición. "La paz no es una mercancía, la paz es un derecho", concluyó, sin mostrar pruebas de sus acusaciones.
Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia y próximo a dejar su cargo como ministro para que lo suceda Jorge Iván Cuervo, respondió por el mismo canal de comunicación. "A su mandar, presidente", publicó, al tiempo que señaló que la orden "se ejecutará con resultado".
El intercambio de mensajes apareció este fin de semana en el que el jefe de Estado viajará a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Los mandatarios se encontrarán en la Casa Blanca, el próximo 3 de febrero sobre el mediodía.
Una extradición inconclusa
Lo cierto es que el Gobierno firmó la extradición de Tuluá la semana pasada. La Resolución Ejecutiva 037 de 2026, de diez páginas y que firmaron tanto Petro como Idárraga el 26 de enero, confirmó la postura del Ejecutivo de diciembre de 2025: Marín Silva debe irse a Texas.
"Procedemos, entonces, a notificarle a la Fiscalía General de la Nación para que, en coordinación con el Gobierno americano, se inicie, a más tardar en quince días, su proceso de extradición", afirmó el ministro en declaraciones a la prensa dos días después de la resolución.
Cabe mencionar que en noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal autorizó la extradición de 'Pipe Tuluá' a Estados Unidos, donde lo requiere la Corte del Distrito Este de Texas para que responda por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Mientras se concreta el procedimiento, está recluido en una estación de Policía en Bogotá.
Un mes después, el presidente Gustavo Petro oficializó el procedimiento, que incluye una petición de que Estados Unidos se comprometa a no someter a Marín a desaparición forzada, torturas, tratos inhumanos o prisión perpetua. Cuando Washington entregue su compromiso, Bogotá extraditará a 'Tuluá'.
Los recursos que no prosperaron
Tras conocer la decisión del Gobierno nacional, 'Pipe Tuluá' presentó una tutela alegando una supuesta vulneración a sus derechos al debido proceso, la defensa, la libertad personal y el acceso a la administración de justicia. Su intención era tumbar el concepto favorable de la Corte Suprema.
Con ponencia de la magistrada Hilda González, expresidenta de la Sala Civil, la Corte desestimó el amparo, que aunque atacaba la postura de la Sala Penal, también buscaba desmarcarse de la resolución de Petro. Marín podía impugnar el fallo y reponer la Resolución 037, como en efecto lo hizo.
"Esta especial justicia no puede arrogarse competencias para resolver sobre una cuestión que en principio debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural", remarca el corto fallo de la Civil.
La decisión dice que la resolución que el jefe de Estado firmó es un acto administrativo, por lo que puede controvertirse ante la jurisdicción contencioso administrativa, no a través de la tutela, que es un mecanismo excepcional. Incluso, Marín podía radicar un recurso de reposición.
'Pipe Tuluá' sigue preso
"Resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional", concluyó la Corte. En paralelo, el Ejecutivo busca acercamientos con la Inmaculada, y nombró a Jorge Lemus, exdirector nacional de Inteligencia, como jefe de los diálogos para conocer la voluntad de paz de la banda.
Las autoridades han preparado la extradición de 'Pipe Tuluá' desde junio del año pasado, cuando la Policía lo trasladó en helicóptero desde la cárcel La Picota, el complejo carcelario más importante del país, hacia la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de la capital.
Marín permanece recluido desde 2015, y actualmente cumple una condena de treinta años de prisión. A lo largo de su detención, la Inmaculada incrementó su control del microtráfico y la extorsión, y amplió su presencia desde el Valle del Cauca hasta el Cauca y el Eje Cafetero.
El 4 de junio, cuando parecía inminente la extradición, varios delincuentes quemaron vehículos en Tuluá, por lo que el Gobierno local decretó un toque de queda. El Ministerio de Defensa prometió medidas de seguridad y aseguró que la decisión "responde a una solicitud formal" de Estados Unidos.
