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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, alertó que cerca de 4.000 personas se encuentran confinadas en sus territorios tras el anuncio del grupo armado ilegal del ELN de prohibir la movilidad en el municipio de Nóvita en el departamento del Chocó.
Entre las víctimas de este aislamiento forzado se encuentran 25 comunidades étnicas, 6 de ellas indígenas del Medio y Alto Tamaná, que en total representan a 900 familias, por lo mismo la Defensoría instó a las autoridades y al Gobierno Nacional para que se implemente una misión humanitaria a esa zona del Pacífico colombiano.
“En los últimos días, desde la Regional Chocó de la Defensoría del Pueblo hemos venido adelantando gestiones con la institucionalidad local y regional para definir los detalles logísticos que permitan llevar a cabo dicha labor humanitaria, cumpliendo con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la atención de las comunidades confinadas”, aseguró.
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Debido a esto, se adelantará una misión humanitaria que será coordinada por la Personería de Nóvita, el consejo comunitario mayor, la Alcaldía y las autoridades de esa región, con esta misión se llevarán alimentos y medicamentos y se tratará de restablecer el tránsito por el río Tamaná.
Cabe recordar que a través de la alerta temprana 027 de agosto de 2021, la Defensoría del Pueblo había enumerado los graves riesgos que recaían sobre los habitantes de esta zona del Chocó, por la presencia de los grupos armados ilegales del ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Clan del Golfo, quienes pretenden adueñarse de las vías, ejerciendo control total de ese territorio e imponiendo nuevas reglas.
Prohibiciones para realizar actividades económicas como la caza, pesca y agricultura al igual que la navegabilidad de embarcaciones por la parte media y alta del río Tamaná, instalando artefactos explosivos y amenazando a sus habitantes, están impidiendo el acceso a la zona.
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“Hacemos un llamado a la guerrilla del ELN y a las Autodefensas Gaitanistas (AGC) a respetar los derechos de las comunidades en el territorio y para que permitan el libre tránsito de la población civil y cesar sus acciones contra la comunidad de Nóvita, además a respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, pidió el Defensor.
