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Desde 2020, la Superintendencia de Transporte, con apoyo de los operadores homologados y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, ha adelantado 104 investigaciones a Centros de Enseñanza Automovilística-CEA de todo el país.
De estas actuaciones 94 investigados han sido sancionados, 6 fueron exonerados y los 4 procesos restantes continúan en trámite. Las sanciones impuestas conllevan la suspensión temporal de la habilitación, lo que consiste en interrumpir la prestación de servicios por parte de estos agentes del mercado.
Según la Superintendencia, los Centros de Enseñanza Automovilística deben asegurar que la formación y certificación de sus alumnos sea legal y transparente, con el fin de garantizar que los usuarios que obtienen licencia de conducción cuenten con la capacitación técnica y teórica necesaria para operar un vehículo automotor, lo cual redunda en la mitigación de riesgos para los peatones y otros conductores y el fortalecimiento de las políticas de seguridad vial.
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De estas investigaciones, 94 Centros de Enseñanza Automovilística han sido sancionados, 6 investigados fueron exonerados y 4 procesos aún se encuentran en trámite.
Por su parte, el Superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, reiteró que “los Centros de Enseñanza Automovilística deben dar estricto y permanente cumplimiento a las condiciones que acreditaron como cumplidas al momento en que fueron habilitados por el Ministerio de Transporte, al mismo tiempo que deben asegurar que el proceso de formación y certificación de sus alumnos se cumpla de manera adecuada, con el fin de garantizar que los usuarios que obtienen su licencia de conducción cuentan con la capacidad técnica y teórica para operar un vehículo automotor, pues, de lo contrario, el sistema de transporte resulta vulnerable de cara a los riesgos que se derivan del ejercicio propio de una actividad peligrosa”.
Entre las infracciones más recurrentes que dan lugar a las investigaciones administrativas, entre otras, se encuentra no contar con el registro vigente de programas de formación de conductores otorgado por la Secretaría de Educación, la ausencia de certificados de conformidad vigentes e impartir capacitaciones con instructores sin formación académica ni experiencia, todo lo cual vulnera el principio de seguridad que rige en la arquitectura normativa del sector transporte al mismo tiempo que afecta la debida prestación del servicio.
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Otras malas prácticas evidenciadas corresponden al manejo de la información relacionada con la asistencia de los aprendices y del instructor a las clases teóricas y prácticas, por cuanto algunos alumnos dejan de asistir a los cursos o no acreditan su efectiva asistencia, no cumplen con la totalidad de los programas ni con su intensidad horaria y, aun así, algunos de los establecimientos sancionados certifican el cumplimiento de los requisitos
