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El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la acusación que hizo la Fiscalía General de la Nación contra del coronel Carlos Feria, jefe de protección del presidente Gustavo Petro, por el caso de las presuntas irregularidades en la prueba del polígrafo practicada Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.
Para los magistrados el juzgado de primera cometió un error al dar continuidad a la audiencia de acusación contra el oficial pese a que se haya determinado el juzgado competente para conocer su caso.
La acusación en este caso se formuló como supuesto responsable de los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso.
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El Tribunal ordenó remitir el expediente que se sigue contra el coronel Carlos Feria a la Corte Constitucional para que sea esa instancia la que defina si es la justicia penal militar o los jueces ordinarios los competentes para conocer este proceso.
“Es claro que la juez de primera instancia erró al continuar con el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación sin encontrarse saneado el aspecto del juez natural en el proceso que se estudia, pues es innegable que existe un conflicto de jurisdicciones lo que pone en entre dicho, por ahora, la competencia de la justicia ordinaria, lo que inhabilita a las autoridades que de ella hacemos parte para continuar con la actuación”, señala la decisión.
De igual forma, indicó el Tribunal: “En ese orden de ideas, es claro que ya se trabó un conflicto de jurisdicciones entre la ordinaria y la penal militar pues en ambas, dos autoridades judiciales diferentes han reclamado la competencia del asunto en cuestión, por tanto, no es dable como se explicó líneas atrás, continuar. con un trámite sin que sea definido por parte de la autoridad competente, quién es el juez natural”.
Para los magistrados del Tribunal no es ajustado plantear que este conflicto de jurisdicciones constituya una estrategia dilatoria por parte de la defensa del coronel Carlos Feria.
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“Por ello, en este caso, no puede considerarse ilegítimo ni dilatorio el proceder de los defensores de los imputados cuando acudieron a la justicia penal militar, ni menos es procedente poner en entre dicho el trámite adelantado por aquella jurisdicción”, manifestó el Tribunal Superior de Bogotá.
