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Después de dos días de audiencia en Cali, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), escuchó a las familias de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, para investigar los hechos ocurridos sobre el estero de San Antonio en Buenaventura.
Tras tener suficiente material, información e insumos con las diferentes entrevistas, la JEP prohibió cualquier intervención sobre dicho lugar durante 180 días.
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De acuerdo al magistrado Gustavo Salazar, la sala para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el marco de las medidas cautelares, decidió también ordenar a la unidad de investigación y acusación de la JEP en coordinación con la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas, que lleve a cabo una visita técnica en 30 días a la isla calavera, ubicada en el puerto.
Además, ordenó que en 60 días se elabore una metodología de intervención forense que tenga en cuenta el plan de búsqueda en el estero de San Antonio, además de ofrecer atención psicosocial y evaluar las necesidades de las víctimas del estero y otras víctimas de desaparición.
Según el magistrado Alejandro Ramelli, “somos conscientes de que ya ha habido muchas afectaciones, mucho dolor, mucha pérdida, incalculable, desproporcionada, demasiada. Pero evaluamos medidas cautelares de la mano de ustedes para evitar nuevos daños irreparables”.
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De acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en Buenaventura 841 personas fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado, de las cuales 779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos y tres secuestradas.
