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RCN Radio y LA FM conocieron una nueva radiografía realizada por la Contraloría General de la República a la actual situación en salud de la población carcelaria, en el país.
Se trata de una nueva auditoría adelantada por el organismo de control, entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de junio del 2017.
La auditoria se llevó a cabo en 21 establecimientos carcelarios, en regiones como Bogotá, Risaralda, Santander, Cúcuta, Valle, Antioquia, Caquetá (Florencia) y Boyacá (Cómbita).
Entre los hallazgos más sobresalientes figuran, por ejemplo, deficiencias en la oportuna prestación del servicio de salud especializada extramural, pues no se garantiza el traslado de los internos para asistir a citas y exámenes médicos autorizados.
Así mismo, existen fallas en la entrega oportuna de los medicamentos que le son prescritos a la población privada de la libertad.
La auditoría descubrió además que hay "infraestructura inadecuada de las áreas de Sanidad de los respectivos penales, consultorios en condiciones de deterioro, de humedades, de ubicación en niveles de difícil acceso para discapacitados y adultos mayores, inexistencia o deficiencia de las áreas de aislamiento de los pacientes, con enfermedades infectocontagiosas, de salud mental y de VIH".
También falta de mantenimiento de los equipos biomédicos y hospitalarios que impiden una eficiente prestación del servicio de salud.
Y además, según el organismo de control, se evidencian, "deficiencias en el suministro o entrada de los medicamentos e insumos quirúrgicos y odontólogicos".
Más fallas
De igual forma, la auditoría descubrió que la población militar que se encuentra recluida en los establecimientos carcelarios de las Unidades Militares no se encuentra cubierta por el Fondo de Salud.
Así mismo, en la investigación se reveló que, "en los estados financieros del Fondo Nacional de Salud, no se tienen registradas las obligaciones de pagos que deben realizar al FOSYGA, (hoy ADRES), y que ascienden a $21.836.9 millones, correspondiente al régimen subsidiado".
Para la Contraloría, no se está cumpliendo con la legislación que consagra que "en todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención lnicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria".
El organismo informó que el número de internos concentrados en los centros de reclusión, con corte septiembre de 2017, llegó a 116.072, de los cuales fueron objeto de esta auditoría 51.496 reclusos.
La Contraloría remitió estas irregularidades, en un oficio, al Ministerio de Justicia y el Derecho, así como al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entre otras entidades.
Consulte el informe de la auditoría que realizó la Contraloría general de la República
