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Nuevamente el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, habló sobre el edificio Aquarela. El mandatario reiteró que el inmueble no será derrumbado, hasta que el Distrito tenga una orden judicial o de la Procuraduría, que notifique en debida forma la decisión de demoler el proyecto habitacional.
Dau Chamat, quien en medio de una reunión virtual con integrantes del Consejo Gremial de Bolívar, dejó entrever su descontento por la forma como el procurador General de la Nación, Fernando Carillo, ordenó que se elimine la construcción.
"Respetamos los planteamientos del señor Procurador, entendemos su preocupación y compromiso con Cartagena de Indias, y al mismo tiempo, solicitamos que dentro de un análisis jurídico completo, revise si en efecto la solicitud puntual de demolición sí está amparada jurídicamente", sostuvo.
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El procurador Carrillo se refirió a las declaraciones del mandatario de los cartageneros y, por medio de su cuenta de Twitter, manifestó: “demoler el edificio Aquarela es una obligación, porque seis acciones legales así lo determinaron para proteger el patrimonio cultural y la seguridad de los ciudadanos”.
Por su parte, el alcalde de Cartagena respondió que, de esos seis procesos judiciales en torno a la situación del Edificio Aquarela, únicamente está en firme la decisión de la Inspección de Policía, proferida dentro de un proceso policivo, cuya orden es la recuperación y restitución del espacio público indebidamente ocupado, lo que no implica per se la demolición de la estructura.
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"Las demás acciones legales a las que se refiere el Ministerio Público no han concluido, por tanto no hay una orden judicial de demolición", reiteró Dau.
Por último, el alcalde de Cartagena, manifestó que si las ordenes provienen de una autoridad competente, dentro de un proceso ejecutoriado y en firme, cumpliría con demoler el edificio, pero no incurrirá en ligerezas que comprometan la responsabilidad de la Administración distrital.
"La responsabilidad, como consecuencia de la demolición, no puede recaer exclusivamente en el Distrito de Cartagena, y menos en ausencia de ordenes ejecutoriadas que así lo dispongan, puesto que una orden de demolición verbal dada ante los medios de comunicación no tiene fuerza jurídica", aseveró Dau.
Por: Angélica Cassiani
