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El embrollo del contrato de pasaportes entre Colombia y Portugal sumó un nuevo giro que lo deja, otra vez, sin salida clara. La Cancillería intervino en el trámite que adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y puso de nuevo en pausa una demanda que busca anular el convenio, justo antes del arranque del nuevo modelo.
La Procuraduría General de la Nación busca la “nulidad absoluta” del convenio. El Tribunal admitió la demanda el 20 de octubre de 2025, lo que debía darle paso a su estudio formal. El Gobierno presentó una reposición que la corporación resolvió en diciembre. La Cancillería insistió, y el despacho volvió a pronunciarse el 9 de marzo.
El Ministerio Público, en noviembre de 2025, pidió como medida cautelar suspender los giros que el Estado se comprometió a pagarle a Portugal. El problema es que, con los recursos del Ejecutivo, para el tribunal era imposible responder. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Exteriores alegó una cláusula contractual.
Según la Cancillería, el Tribunal Administrativo no tiene jurisdicción ni competencia para gestionar el litigio porque el punto 25 del contrato colomboportugués determina que todas las controversias deben ir a un tribunal de arbitramento internacional. Y que tampoco hubo una conciliación extrajudicial en el Ministerio Público.
El Administrativo, en términos simples, contestó que las reposiciones no son el momento adecuado para proponer una excepción previa, una figura que esencialmente frena las disputas jurídicas por motivos como falta de competencia. “El despacho se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo”, zanja un auto de diez páginas.
Frente a la aparente falta de conciliación, el magistrado José Élver Muñoz anotó que la nulidad es “un juicio de legalidad que debe hacer el juez de lo contencioso administrativo”, no una riña que requiera de un tercero para mediar. La Procuraduría actúa en defensa del patrimonio público, no de intereses particulares.
La fase siguiente es decidir sobre la eventual suspensión de las transferencias monetarias a Portugal. En diciembre de 2025, en ocho páginas, el procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, añadió la solicitud a la demanda que el tribunal tramita para posiblemente tumbar el convenio.
La notificación a Portugal, el nuevo choque del caso
Para avanzar en la cautela, todas las partes, incluyendo la Casa de la Moneda, deben referirse a la legalidad del acuerdo. Se necesitan trámites diplomáticos y decenas de documentos que viajen hasta Europa para que la entidad se pronuncie. El tribunal elaboró una carta rogatoria, y el Ministerio de Exteriores la hizo a un lado.
La corporación le envió la carta a la Cancillería el 18 de marzo para que, a su vez, la remitiera al Ministerio de Justicia Portugués, el responsable de notificarle sobre la demanda a la Casa de la Moneda en Lisboa. Se basó en un convenio de La Haya sobre documentos judiciales o extrajudiciales en asuntos civiles o comerciales.
Desde noviembre de 1965, el convenio establece algunas formalidades para que entre Estados se intercambien ciertos documentos para litigios en derecho civil o comercial, como controversias contractuales, el medio de nulidad que la Procuraduría utiliza contra el acuerdo entre Colombia y Portugal.
El mismo 18 de marzo, el tribunal rellenó en portugués un formulario que dispone el Convenio de La Haya, tradujo las decisiones judiciales adoptadas hasta ahora y le pidió a la Cancillería seguir adelante, confirmó La FM en primicia. El ministerio que lidera Rosa Villavicencio contestó el 27 de marzo en un oficio de dos páginas.
Según la cartera de Exteriores, la convención de La Haya que el tribunal citó no es aplicable para el caso, aunque no explicó por qué. “El despacho deberá emitir la carta rogatoria sin invocar convenio alguno”, aduce el oficio, que indica seis requisitos para el magistrado José Elver Muñoz, como apostillar documentos o redactar “en estilo de súplica”.
Una vez se cumplan las condiciones, la Cancillería remitirá todo el expediente “a la autoridad correspondiente en la República Portuguesa para que, si a bien lo tienen, lleven a cabo las diligencias solicitadas”, señala el documento, que La FM conoció en primicia y que resalta “los principios de reciprocidad, voluntariedad y soberanía”.
En otras palabras, el Grupo Interno de Trabajo en Asuntos Consulares y Cooperación Judicial no le garantiza al tribunal que Portugal conteste en algún sentido. “Ofrecemos reciprocidad en el evento de requerirse, para lo cual estaremos prestos para corresponder en los asuntos de la pertinencia”, remató el magistrado Muñoz por su parte.
Un contrato millonario en medio de dudas y advertencias
Ahí va el laberinto jurídico. La Cancillería colombiana se comprometió, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a desembolsar más de 1,3 billones de pesos, en medio de una "deficiente estructuración económica del convenio", aseveró la Procuraduría en su demanda y su solicitud de suspensión.
"Siendo así, se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio", como los giros prometidos.
Actualmente, al menos hasta el primero de abril, los pasaportes son responsabilidad de Thomas Greg & Sons, pese a los intentos del presidente Gustavo Petro y de sus exministros de Exteriores —Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia— de arrebatarle la labor a la multinacional.
La Cancillería declaró en agosto de 2025, por segunda vez desde 2023, la urgencia manifiesta para extender las tareas de Thomas Greg hasta abril de 2026, mientras afina los detalles del convenio con Portugal, que está en jaque en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Ministerio Público, por su parte, sancionó a Álvaro Leyva con diez años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Thomas Greg & Sons ha diseñado ininterrumpidamente las libretas desde 2007, y la administración de Petro ha fracasado en su intento de evitarlo.
El Gobierno buscaba que Thomas Greg no fuese el único oferente para fabricar los pasaportes, lo que desencadenó varios líos jurídicos desde 2023. Leyva, entonces jefe de las relaciones internacionales, declaró desierta la licitación, y Thomas Greg demandó al Estado.
La Fiscalía ahora espera que, además de las sanciones disciplinarias, el político conservador de 83 años enfrente consecuencias penales. El ente investigador le imputó prevaricato el 9 de diciembre por "proferir varios actos administrativos contrarios a derecho".
Una pugna que ha tumbado funcionarios y sigue sin resolverse
El conflicto por la fabricación de los pasaportes les ha costado el cargo a varios miembros del gobierno de Petro. La primera en salir fue Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, y actual fórmula vicepresidencial del candidato Roy Barreras.
Zamora se convirtió en una testigo clave contra Leyva en la Procuraduría. El excanciller la trató de forma irrespetuosa porque ella buscaba una conciliación que le evitara al Estado un pago millonario a Thomas Greg por el fin intempestivo de la licitación de los pasaportes.
En agosto de 2025, el Ministerio Público suspendió a Alfredo Saade, quien se desempeñaba como jefe de Despacho Presidencial. Petro lo conservaba en el cargo incluso un mes después de que Laura Sarabia renunciara a la Cancillería.
La Procuraduría revocó la suspensión de Saade en septiembre, pues ya no era un funcionario público. El ente de control sigue investigándolo por aparentes "conductas indebidas" para presionar la firma del acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal.
Sarabia dimitió del Ministerio de Exteriores en julio, luego de ser la mano derecha del presidente Petro. Ahora es embajadora en Reino Unido. Dejó su puesto en medio de confrontaciones con Saade por la adjudicación del contrato de los pasaportes.
El jefe de Estado presentó en febrero de 2026 el nuevo modelo de las libretas. Se pondrá en marcha desde el primero de abril, cuando termine el contrato con Thomas Greg, y será responsabilidad de la Imprenta Nacional.
Un mes antes la Contraloría le advirtió a la Cancillería de retrasos en el cumplimiento de los términos para el modelo, incremento en los costos operativos y demoras en la importación de las máquinas que producirán los pasaportes. Y mientras las entidades cruzan oficios y alertas, la legalidad del contrato sigue esperando turno.
