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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió la alerta temprana 028 de 2022 en la que advierte que son graves las vulneraciones de derechos humanos que se están presentando en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Lo anterior por cuenta de la presencia armada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, 'Los Rastrojos' y las bandas de 'Los Pusey' o 'La Fortaleza'.
Entre los hechos de violencia que se están presentando se encuentran: homicidios, trata de personas, instrumentalización de menores de edad para cometer delitos y tráfico ilegal de migrantes.
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Organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico estarían al servicio de de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, además siguen delinquiendo los integrantes de Los Rastrojos y las bandas delincuenciales 'Los Pusey' o 'La Fortaleza', serían los responsables de los homicidios que se han incrementado en los últimos dos años.
Tras la pandemia del covid-19 y los efectos del huracán Iota, se incrementaron los homicidios, durante 2020 el número de muertes violentas a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras del año 2019 (21 homicidios). En los primeros siete meses de 2022 se han registrado once homicidios.
“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales, desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, dijo el defensor del Pueblo.
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En el documento que fue construido por el Sistema de Alertas Tempranas se identificó que los niños, niñas y adolescentes están siendo utilizando para el transporte de drogas además, de ser instrumentalizados para cometer sicariatos, cobros extorsivos, amenazas y hurtos en la zona urbana y rural de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
También se conoció que los casos de violencia y explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres, siguen aumentando al igual que los casos de tráfico ilegal de migrantes.
Las amenazas de las organizaciones criminales se han extendido a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidad en general.
“La Defensoría del Pueblo hemos hecho 26 recomendaciones a distintas autoridades civiles y fuerza pública para que se garanticen los derechos humanos de las comunidades en el departamento de San Andrés. Esperamos acciones inmediatas efectivas de las autoridades, en favor de esta comunidad y en particular de los menores de edad”, aseguró Camargo.
Por último, la Defensoría del Pueblo identificó que San Andrés se convirtió en la nueva ruta para los migrantes que quieren llegar a Centroamérica y continuar hacia Estados Unidos, por lo que la trata de personas podría incrementarse con el paso de los meses.
“Hago un llamado para que toda la institucionalidad ponga los ojos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que se brinde la atención y protección de las comunidades, especialmente a los menores de edad”, dijo.
