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Ante las fallas estructurales y la falta de resultados contundentes en la materialización de las medidas que beneficien a la población víctima, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) advirtió graves fallas en su implementación, que tienen que ver con desfinanciación, el escaso avance en la política de atención y reparación, caracterización incompleta y falta de participación efectiva para las víctimas.
Al realizar el balance, la Comisión -integrada por la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y los representantes de las víctimas- señaló que "pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional, la falta de recursos aún persiste y “la Ley se quedó corta en cuanto a las metas trazadoras para la atención, asistencia y reparación de las víctimas”. No obstante, indicó que hay espacio para que este año se presente una reforma fiscal que permita atender las obligaciones establecidas y el post conflicto.
Así mismo, reconoció el escaso avance de esta política de cara a la estabilización socioeconómica de la población víctima y la falta de conexión entre las necesidades de las víctimas y la oferta institucional. También recordó que el Estado debe centrar sus esfuerzos en garantizar medidas que integren a las víctimas con sus capacidades productivas y de empleo, más si se trata de entregar herramientas que puedan transformar verdaderamente sus vidas.
De acuerdo con el informe, en el ámbito urbano, por ejemplo, se tiene que con la focalización y regionalización de los recursos efectuada por el Ministerio del Trabajo en los programas de emprendimiento y formación para el trabajo, la cobertura para la vigencia 2016 de las necesidades identificadas es tan solo del 0,91% y 2,46% respectivamente.
La Comisión identificó dificultades para lograr la articulación y coordinación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura que lideran la política de generación de ingresos y empleo. Aseguró que el objetivo de esta Ley no es solo garantizar los derechos de las víctimas sino evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades.
Respecto al avance en la restitución de tierras, el informe señaló que no se considera claramente la seguridad de los territorios como una variable en la etapa judicial o de postfallo, a pesar de ser un factor que afecta directamente el cumplimiento de las decisiones judiciales. En el mismo sentido, precisó que no hay una adecuación de política pública que prevea la atención de los ciudadanos catalogados como segundos ocupantes en los procesos de restitución.
En materia de protección a las víctimas, sus líderes y a las garantías de no repetición, la Comisión indicó que las medidas no han tenido el impacto esperado, de tal forma que se siguen presentando vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de quienes participan de los procesos de reparación y restitución de tierras.
