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El cuarto informe de seguimiento a los recursos destinados para el posconflicto, entregado al Congreso por la Contraloría General de la República, arrojó algunas conclusiones relacionadas con inversión y política pública en lo pactado en el acuerdo de paz.
Una de las advertencias del informe, es que se puede presentar un déficit en la financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral, pues del costeo de 110,6 billones de pesos del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2017, esa entidad identificó un requerimiento adicional de aproximadamente 54,5 billones de pesos.
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También se pudo establecer que hay demoras en los procesos de adjudicación de tierras para el desarrollo de programas y proyectos con fines de reincorporación, conforme a lo establecido en el Decreto 902 de 2017.
“Para la vigencia 2019 y primer trimestre de 2020, no se encontró evidencia de que alguna entidad de derecho público solicitara la adjudicación de tierras para el desarrollo de programas y proyectos con fines de reincorporación”, indica uno de los apartes del documento.
La Contraloría también destacó que prevalece el retraso de la aprobación y adopción del Plan Nacional de Educación Rural, además de retrasos en los pagos de la asistencia alimentaria inmediata.
Adicionalmente, esa entidad reiteró que hay riesgo de planeación y sostenibilidad financiera de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), toda vez que “el proceso de formulación de iniciativas de programas de desarrollo con enfoque territorial, se surtió sin la aprobación del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito”.
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En materia de reincorporación social y económica, la Contraloría destacó el cumplimiento de las metas correspondiente a la política de reincorporación, la destinación de recursos para la aprobación y viabilización de proyectos productivos, los avances en la acreditación de los excombatientes y la definición y aprobación de la ruta de la reincorporación aprobada por el Consejo Nacional Reincorporación.
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