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El Gobierno Nacional, antes de la crisis de la pandemia, puso en marcha una actualización catastral con el ánimo de tener un mejor inmobiliario en todo el país.
En varios municipios, justo en la peor crisis de la covid-19, se puso en marcha dicho proceso. Al menos así sucedió en capitales como Villavicencio (Meta).
En octubre de 2020, cuando se vivía uno de los peores momentos del coronavirus en Colombia, en Villavicencio se firmó un contrato con el Igac - Bogotá para hacer la actualización catastral de la ciudad.
Hoy en día, cuando han llegado los recibos con el nuevo avalúo catastral a los hogares de la capital del Meta, hay cientos de reclamos por el valor de los recibos.
De hecho, hay quienes han decidido quemar sus recibos de pago en protesta por los incrementos que en algunos casos –de acuerdo a varias denuncias– son hasta de un 2.000 %.
Entre quienes han protestado han advertido que admitir ese incremento en la actualización catastral no solo les afecta por el pago del impuesto, sino que se verá reflejado en la declaración de renta de 2023.
El concejal Ricardo Gómez Botero alertó que en manos del Concejo de Villavicencio está la posibilidad de suspender la vigencia catastral por un año.
De acuerdo a Gómez, ese proceso debe ser suspendido también como un acto de equidad, toda vez que de 200.000 predios que existe en la ciudad, apenas 80.000 fueron actualizados y no habría equilibrio entre todos los contribuyentes.
Por eso, el próximo lunes va a ser discutida una proposición para elevar al Gobierno una petición de suspender la vigencia catastral mínimo por un año. Al menos, hasta este viernes, apenas seis de los 19 concejales están de acuerdo con la proposición que fue presentada en la corporación.
Paradójicamente, el contrato de la Alcaldía de Villavicencio –objeto de la actual polémica– se firmó con Igac - Bogotá y no con la territorial del Meta, a donde actualmente han llegado los reclamos.
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