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Un preocupante informe de la Fiscalía General de la Nación revela que durante los dos primeros meses de este año, esa entidad ya inició 1.103 investigaciones por denuncias de abusos, violaciones y otros delitos sexuales, de los que fueron víctimas 1.181 menores de edad en el país.
El reporte técnico de la Fiscalía relaciona el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año y según los investigadores, se pudo establecer que en promedio cada día en el país han sido agredidos sexualmente 25 niños y adolescentes.
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La fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Luisa Obando, aseguró que los mayores casos de esos delitos se registraron contra niñas entre los 6 y los 17 años.
“Una vez realizadas las consultas internas a través de nuestros sistemas misionales, hemos encontrando que los casos denunciados en 2021 corresponden en un porcentaje alto a niñas entre los 6 y los 17 años”, dijo.
La funcionaria también precisó que “un análisis realizado por la Dirección de Políticas Públicas que fue segmentado por niños y adolescentes, arrojó como resultado que en ese mismo periodo de tiempo se han recibido 789 denuncias por delitos sexuales, en las que las niñas de cero a trece años son las víctimas. En el mismo rango por casos de niños, fueron 107 casos”.
Explicó que “en el 2021, los casos de mujeres adolescentes de 14 a 17 años fueron 253, mientras que los hombres fueron 31 casos”.
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Los agresores sexuales
En cuanto a los perfiles más comunes de los agresores, la Fiscalía General estableció que se encuentran en entornos cercanos o dentro del mismo núcleo familiar. Los más recurrentes corresponden a padrastros, tios, padres, primos o personas conectadas a relaciones parentales.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, otro aspecto que se identifica con frecuencia dentro de los agresores es de los denominados ‘cuidadores’, es decir, vecinos, tenderos y demás personas que se encuentran en contacto con los niños, quienes se valen de los rangos de autoridad o jerarquía para someterlos e intimidarlos.
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Las zonas de mayor impacto
En el informe técnico de la Fiscalía también se hace una radiografía de las zonas del país de mayor impacto por causa de estos casos de abuso sexual contra menores edad, ubicando a Bogotá, Medellín, Cundinamarca y Cali, como las ciudades con registros más altos de denuncias instauradas.
La Fiscalía Delegada Para la Seguridad Ciudadana añadió que con el ánimo de garantizar justicia a las víctimas, se impartió a nivel nacional una estrategia de activación inmediata de los actos urgentes para la recolección de evidencias, además de un control en la ejecución de las ordenes de Policía Judicial, la práctica de entrevistas a las víctimas con plena garantía de sus derechos, activación de rutas de atención, protección y restablecimiento de sus derechos, manejo adecuado de la escena y de los demás elementos materiales recolectados a lo largo de la investigaciones.
¿Sirve la prisión perpetua?
El informe de la Fiscalía General se conoce en momentos en que el Consejo Superior de Política Criminal le dio luz verde al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia, para que presente ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamenta la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia.
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A propósito de esta iniciativa, consultamos expertos penalistas y activistas contra el maltrato infantil en el país quienes coincidieron que esta iniciativa debe ir obligatoriamente de la mano de una política pública integral, para poder atacar este fenómeno criminal.
“Históricamente nunca se ha acabado un fenómeno criminal levantando penas. Tiene que estar acompañado de políticas que lleguen al fondo de las razones, por las cuales se está presentando dicho fenómeno delictivo como hacer campañas de prevención, educación y un acompañamiento a las víctimas de delitos sexuales”, señaló el exdirector de Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General, Camilo Burbano.
A su turno, la directora ejecutiva de la de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, Isabel Cuadros agregó que “estamos de acuerdo con que haya cadena perpetua. Para que esto no se vuelva una medida más, que sea populista y que realmente no respete el interés superior de los niños, tiene que ser acompañado de una política pública integral, que especialmente mejore la corroboración del testimonio de la víctima, es decir, necesitamos muchos más investigadores, juzgados y fiscales especializados en el delito de abuso sexual de los niños”.
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