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El gobierno de Estados Unidos inició un proceso judicial contra Google por mantener un "monopolio ilegal" en las búsquedas y publicidad en internet, solicitando cambios "estructurales" que abren la puerta a una posible fragmentación de la compañía.
Aunque la causa podría tardar años en desarrollarse, desde ya inicia una enorme batalla entre el gobierno estadounidense y un gigante tecnológico, con implicaciones potencialmente importantes para el sector.
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El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Jeffrey Rosen, dijo que el caso iniciado junto a 11 estados apunta a la posición monopólica de Google en el ecosistema digital.
"Google es la puerta de entrada a internet", dijo Rosen a periodistas, citando los miles de millones en pagos de la compañía a los fabricantes de dispositivos para seguir siendo el motor de búsqueda principal.
"Ha mantenido su monopolio mediante prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia", agregó.
La demanda iniciada en Washington propone que la corte considere una serie de soluciones, entre ellas una posible fragmentación de la empresa, aunque no ofrece demasiadas precisiones.
Los demandantes piden al tribunal "prohibir a Google" las prácticas monopólicas y considerar "el alivio estructural necesario para curar cualquier daño" a sus competidores. Eso podría significar cambios internos en el gigante.
Consultado sobre cómo los funcionarios buscarían dividir a Google, Rosen evitó responder y dijo que "el litigio tendrá que continuar un poco más antes de que queramos establecer detalles específicos".
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Mientras tanto, Google calificó la demanda como "profundamente viciada".
"La gente usa Google porque lo elige, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas", señalaron en la firma.
La demanda fue presentada después de meses de investigaciones por parte de agentes antimonopolio federales y estatales en el país, que buscan verificar el poder de la gigantesca tecnológica y pesquisas paralelas a otros titanes como Amazon, Facebook y Apple.
Las agencias federales, los comités parlamentarios y los fiscales, han iniciado varias investigaciones contra estas compañías en casi todos los estados del país.
El comportamiento de estas empresas ha desatado la ira tanto de los funcionarios conservadores, que los acusan de parcialidad; como de los progresistas, preocupados por las infracciones de la ley de competencia y el fortalecimiento de las desigualdades.
