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La Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia negó una solicitud de aclaración sobre el alcance de la medida cautelar respecto al Decreto 182 de 2026, que buscaba reorganizar la operación de las EPS por territorios. Esta medida habría implicado el traslado obligatorio de cerca de 6 millones de usuarios entre diferentes EPS, de los cuales aproximadamente 2,6 millones habrían pasado a Nueva EPS, elevando su total a cerca de 14 o 15 millones de afiliados.
Sobre la suspensión, el tribunal verificó que se configuraría un “perjuicio irremediable” si se concretaba el traslado sin antes verificar la “capacidad de atención” de la Nueva EPS. El juez advirtió que la norma podría generar traslados masivos de cerca de 6 millones de usuarios, concentrando afiliados en la Nueva EPS y dejándola como única aseguradora en 502 municipios, lo que pondría en riesgo el acceso y la libre elección de los pacientes.
“Podría dar lugar a un colapso de la entidad y resultados catastróficos que podrían significar, incluso, afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables”, señala uno de los apartes del auto.
Es de anotar que, una vez el Gobierno nacional anunció el decreto, los hospitales advirtieron que los cambios en las EPS podrían afectar la atención de millones de pacientes.
El gremio reiteró que los hospitales y clínicas del país han realizado grandes esfuerzos para mantener la prestación de servicios pese a las dificultades financieras, pero advirtió que decisiones como las planteadas en el Decreto 182 no resuelven la problemática estructural actual y podrían agravarla si no se adoptan medidas complementarias que fortalezcan la sostenibilidad del sistema.
Cabe aclarar que el decreto está suspendido mientras el tribunal resuelve de fondo la acción popular interpuesta en su contra. Mientras tanto, no se han ejecutado los traslados masivos derivados de esta norma.
Personería de Medellín alertó por la situación de usuarios de Nueva EPS
En octubre del año anterior, la Personería, en su calidad de Agencia del Ministerio Público, señaló que, a pesar de las medidas adoptadas y de la existencia de un agente interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, “persisten fallas graves y sistemáticas que comprometen la atención oportuna y la garantía del derecho fundamental a la salud de miles de usuarios”.
Entre las principales problemáticas identificadas se destacaron retrasos en la asignación de citas especializadas, demoras en cirugías y exámenes diagnósticos, barreras en la continuidad de tratamientos médicos y dilaciones en la entrega de medicamentos de alto costo, lo que ha generado una sobrecarga crítica en los servicios de urgencias y un incremento de la judicialización por vía de tutela.
De acuerdo con la información recopilada por esta entidad, durante 2024 se interpusieron aproximadamente 1.106 acciones de tutela contra Nueva EPS.
La cartera pendiente de pago de Nueva EPS con algunos prestadores privados asciende aproximadamente a $115.132 millones MLC, con corte a agosto de 2025 (fuente: IPS del Distrito). Con la Red Pública Distrital asciende aproximadamente a $9.518.905.034 MLC (las cifras presentadas corresponden a reportes oficiales remitidos directamente por las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública del Distrito de Medellín, con corte al 30 de junio de 2025).
