El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, expresó su respaldo al Decreto 234 de 2026 con el que el Gobierno nacional reglamenta la negociación colectiva por niveles en Colombia.
El líder sindical de forma vehemente señaló que, hasta ahora, la negociación colectiva en Colombia se desarrollaba principalmente a nivel de cada empresa, pero ahora con la nueva directriz se amplía el espectro de negociación a nivel laboral.
“La negociación colectiva en Colombia solamente estaba permitida a nivel de cada empresa. Con la expedición del decreto 234 del 6 de marzo de este año, el gobierno nacional extiende la negociación colectiva por rama de actividad económica. Por ejemplo, el sector financiero, por grupo empresarial y a nivel nacional, el caso de los trabajadores oficiales, en los cuales hay entidades de carácter nacional”, dijo.
Negociación colectiva no se limite a cada empresa
Destacó que esta es una de las solicitudes del sector sindical al señalar que se tenía muchas falencias que estaban afectando a los trabajadores a nivel nacional.
“El cambio permite que la negociación colectiva no se limite a cada empresa. Ahora puede darse, por ejemplo, en el sector financiero como rama económica, en grupos empresariales como el Grupo Aval, o a nivel nacional en el caso de los trabajadores oficiales que pertenecen a entidades del orden nacional”, explicó el dirigente sindical.
De acuerdo con el decreto, la negociación colectiva podrá desarrollarse en niveles superiores al de empresa, incluyendo grupos de empresas o sectores económicos, con el objetivo de organizar los procesos de negociación y fortalecer el diálogo social entre empleadores y trabajadores.
Para la CUT, esta medida representa una oportunidad para fortalecer las organizaciones sindicales y ampliar su capacidad de negociación, aunque también implica nuevos retos para las estructuras sindicales.
“Es una ampliación de la negociación, una posibilidad mayor para los sindicatos, un reto también para ellos, pero la posibilidad de fortalecer las organizaciones sindicales y centralizarlas a todos los niveles en que se desarrolla hoy la negociación colectiva. Bienvenida y muy bien por el Gobierno Nacional con este nuevo decreto”, indicó.
El dirigente concluyó que el decreto constituye un avance en materia laboral y celebró la decisión del Gobierno nacional: “Bienvenida esta medida y muy bien por el Gobierno con este nuevo decreto”.
Lo que dice el decreto
El Decreto 234 de 2026, firmado por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, introduce cambios relevantes en el modelo de negociación colectiva al permitir que esta se realice en niveles superiores al de la empresa, como sectores económicos o grupos empresariales.
La medida se modifica según el documento en el capítulo correspondiente del Decreto 1072 de 2015, que compila la normativa laboral del país, con el objetivo de ampliar el alcance del diálogo entre trabajadores y empleadores.
“La reforma reglamentaria busca actualizar el sistema colombiano de relaciones laborales y alinearlo con estándares internacionales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en materia de libertad sindical y negociación colectiva”, dijo.
Sistema anterior
Hasta ahora, en la práctica colombiana la negociación colectiva se realizaba principalmente a nivel de empresa.
“Es decir, un sindicato presentaba un pliego de peticiones a su empleador y el proceso de negociación se desarrollaba exclusivamente dentro de esa compañía. Este modelo tenía varias limitaciones. En sectores con baja sindicalización o empresas pequeñas, muchos trabajadores no lograban acceder a convenciones colectivas porque no existían sindicatos o porque el número mínimo de afiliados era difícil de alcanzar”, explicó Arias.
Subrayó que de acuerdo con el propio decreto, la negociación sectorial en Colombia era casi inexistente, con algunas excepciones puntuales, como en el sector bananero de Urabá.
Los principales cambios del decreto
Dentro de los principales cambios se encuentra la negociación colectiva multinivel, que es uno de los puntos claves del decreto en el que se permite negociar no sólo por empresa, sino también en niveles superiores, como Grupo empresarial (por ejemplo, conglomerados económicos).
También la Rama o sector de actividad económica (como el sector financiero o industrial). Otros niveles acordados entre las partes, incluso regionales o nacionales.
“Esto significa que sindicatos y empleadores podrán discutir condiciones laborales comunes para todo un sector, en lugar de hacerlo únicamente empresa por empresa", se indicó.
También se destaca que se podrá presentar un solo pliego y una sola mesa de negociación.
“Cuando existan varios sindicatos o múltiples empleadores en un mismo ámbito de negociación, el decreto establece que el proceso debe organizarse con: Un único pliego de peticiones; una sola mesa de negociación y se tendrá la representación proporcional de las organizaciones sindicales. La intención es evitar la fragmentación de negociaciones paralelas que pueden generar desigualdades entre trabajadores de una misma empresa o sector”, subrayó.
El documento establece un piso mínimo de derechos laborales: uno de los elementos centrales es que las convenciones colectivas sectoriales pueden fijar un estándar mínimo de condiciones laborales.
“Esto significa que las negociaciones a nivel de empresa no podrán reducir ese piso mínimo. Solo podrán introducir ajustes cuando la convención sectorial lo permita expresamente. Este mecanismo busca garantizar condiciones laborales más homogéneas dentro de cada actividad económica”, explicó.
A su vez se tendrán nuevas reglas de representatividad. El decreto define criterios para determinar qué sindicatos y qué organizaciones empresariales pueden participar en la negociación.
“En el caso de los sindicatos, la representatividad se basa principalmente en el número de afiliados. Para los empleadores, se consideran factores como: cobertura de empresas en el sector, número de trabajadores representados, incidencia económica y la participación en espacios de diálogo social, en un proceso en el que el Ministerio de Trabajo será la entidad encargada de verificar esta representatividad”, añadió.
También se amplía el espectro al incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas. Subrayó que el decreto reconoce que muchas actividades económicas en Colombia están dominadas por MIPYMES.
Por esta razón, establece que las convenciones sectoriales pueden incluir cláusulas de adaptación, implementación gradual de beneficios, regímenes especiales para pequeñas empresas.
“El objetivo es evitar que las nuevas reglas afecten la sostenibilidad financiera de estas compañías”, apuntó
Empresas sin sindicatos
El documento garantiza que se tenga además un mayor acceso a la negociación colectiva, al ser este uno de los efectos potenciales más importantes es que trabajadores de empresas pequeñas o con poca organización sindical podrían beneficiarse de acuerdos colectivos sectoriales, incluso si su empresa no tiene sindicato.
“Vemos además que se fortalece el poder sindical, al negociar en bloque dentro de un sector, los sindicatos pueden tener mayor capacidad de negociación frente a grandes empresas o conglomerados. Esto también podría reducir la fragmentación sindical y favorecer procesos de negociación más coordinados”, señaló.
Recalcó que se tendrían condiciones laborales más homogéneas, frente a la existencia de pisos mínimos sectoriales que podría disminuir las diferencias salariales y de beneficios entre empresas del mismo sector, lo que algunos expertos consideran una herramienta para reducir desigualdades laborales.
Puntos a favor
1. Amplía el derecho a la negociación colectiva
El decreto permite que la negociación no se limite a cada empresa, sino que pueda realizarse por sector económico o grupo empresarial, lo que facilita que trabajadores de pequeñas empresas o con baja sindicalización tengan acceso a acuerdos colectivos.
2. Fortalece los sindicatos
Al permitir negociaciones sectoriales o multinivel, las organizaciones sindicales pueden unir fuerzas y negociar con mayor capacidad, evitando la fragmentación sindical y aumentando su poder frente a los empleadores.
3. Establece un “piso mínimo” de derechos laborales
Las convenciones colectivas de nivel sectorial fijan condiciones mínimas que las empresas no pueden reducir, garantizando estándares comunes para los trabajadores.
4. Promueve el diálogo social
El decreto fomenta negociaciones de buena fe, con intercambio de información económica y reuniones periódicas, lo que puede reducir conflictos laborales y judicialización.
5. Alinea a Colombia con estándares internacionales
La norma se inspira en convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que recomiendan que la negociación colectiva pueda darse en distintos niveles, incluyendo el sectorial.
6. Podría reducir desigualdades laborales
Si los convenios sectoriales establecen condiciones similares para todo un sector, se disminuyen las brechas salariales y de condiciones laborales entre empresas.
Puntos en contra
1. Posible aumento de costos laborales para empresas: Las convenciones sectoriales podrían imponer beneficios o condiciones que algunas empresas, especialmente pequeñas, tengan dificultades para asumir.
2. Riesgo de rigidez en el mercado laboral: Al establecer reglas comunes para todo un sector, podría reducirse la flexibilidad de cada empresa para negociar condiciones adaptadas a su realidad económica.
3. Mayor complejidad en las negociaciones: Las negociaciones multinivel implican más actores (sindicatos, empresas, gremios), lo que puede hacer los procesos más largos o difíciles de coordinar.
4. Preocupación empresarial por la obligatoriedad sectorial: El decreto establece que las convenciones sectoriales pueden aplicarse a todos los empleadores del sector, lo que algunos empresarios consideran una posible afectación a la libertad empresarial.
5. Posible presión sobre las MIPYMES: Aunque el decreto prevé cláusulas de adaptabilidad para micro, pequeñas y medianas empresas, existe preocupación de que las obligaciones económicas puedan impactar su sostenibilidad.
6. Debate político y económico: Sectores empresariales consideran que el decreto podría incrementar la intervención estatal en las relaciones laborales, mientras que sindicatos lo ven como un avance en derechos laborales.