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El superintendente de Salud, Bernardo Camacho, confirmó a La FM que presentó su carta de renuncia a la entidad por decisión propia. Según indicó, el documento fue enviado directamente al presidente Gustavo Petro.
Cabe destacar que Camacho se venía desempeñando como superintendente tras haber sido agente interventor de Nueva EPS y asumir el cargo en 2025, luego de la salida de su antecesor.
Es importante mencionar que la dirección de la Supersalud ha tenido una alta rotación desde 2022, periodo en el que han pasado por el cargo Ulahy Beltrán López, Luis Carlos Leal, Helver Rubiano y Bernardo Camacho.
En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, la salida del funcionario se da en un momento en el que el Gobierno viene tomando decisiones como la orden de traslado de afiliados de varias EPS intervenidas.
La presión por el manejo de las EPS y los traslados
En los últimos meses, la Superintendencia de Salud ha tenido que asumir la reorganización del sistema, especialmente con la intervención de varias EPS y la redistribución de millones de usuarios. Estas decisiones, aunque son con el fin de garantizar la atención, han generado quejas de usuarios.
La medida fue establecida en el Decreto 0182 de 2026, con el objetivo de redistribuir a los usuarios en zonas donde algunas EPS dejaron de operar o presentaban dificultades. Se proyectaba un traslado de entre 2,4 y 6,6 millones de afiliados, que venían de entidades como Coosalud, Asmet Salud, Cajacopi, Famisanar, Compensar, Sanitas y Sura.
Además, aunque el traslado es obligatorio en estos casos, los usuarios pueden cambiar de EPS después de 60 días en la entidad que se le asignó, siempre que exista otra opción habilitada en su municipio.
Sin embargo, la decisión que fue adoptada por la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenó la suspensión del traslado porque advertía que podría afectar a los usuarios sobre la capacidad de la entidad receptora para asumir esa carga.
La crisis de Nueva EPS
El foco de la discusión es sobre la situación de Nueva EPS. La entidad enfrenta dudas sobre su capacidad operativa y financiera, justo en el momento en que debía recibir millones de nuevos afiliados.
Actualmente, la Nueva EPS está intervenida por la Superintendencia desde abril de 2024, debido a problemas financieros y dificultades en la prestación del servicio. Aún persisten las deudas con los prestadores privados por más de $115.132 millones MLC (corte a agosto de 2025), y con la red pública distrital por más de $9.518 millones MLC (corte a junio de 2025).
Esto ha generado preocupación por su capacidad para poder atender servicios especializados y tratamientos que son de alto costo. Como parte de las medidas que han sido previstas, se ha pensado en reasignar a los pacientes con patologías complejas, con el fin de que no se interrumpan sus tratamientos.
