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La Contraloría General de la República inició una actuación de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con el objetivo de recolectar información relacionada con la situación actual del sistema de aseguramiento en salud en el país.
Esta diligencia se desarrolla en el marco de una revisión institucional, orientada a obtener insumos técnicos sobre el funcionamiento financiero de las entidades involucradas y su impacto en la prestación de los servicios de salud.
De acuerdo con lo señalado, el procedimiento tiene como finalidad principal recopilar información financiera y administrativa que permita establecer con mayor precisión la condición actual del sistema de aseguramiento en salud en Colombia, especialmente en lo relacionado con las entidades promotoras de salud y su comportamiento reciente.
Revisión por situación financiera y reportes contables
La actuación se adelanta en medio de preocupaciones institucionales asociadas a la situación financiera del sector salud, particularmente por la prestación de servicios y la disponibilidad de información contable. En el caso de la Nueva EPS, se ha tenido en cuenta la ausencia reiterada de estados financieros, lo que ha motivado la solicitud de información detallada sobre su situación económica.
Dentro de este contexto, la Contraloría también considera relevante el análisis de las medidas adoptadas durante los últimos 18 meses respecto de las EPS intervenidas, con el propósito de contrastar el estado financiero y operativo de las entidades bajo seguimiento. Esta información forma parte del conjunto de datos que están siendo recopilados por medio de la actuación de Policía Judicial en ambas instituciones.
Uso de la información y alcance institucional
La información obtenida durante este proceso será utilizada como un insumo técnico para la evaluación de posibles actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las competencias de las autoridades correspondientes. El propósito de este análisis es consolidar elementos que permitan determinar responsabilidades o decisiones administrativas, en caso de ser necesarias, dentro del marco legal vigente.
Asimismo, los datos recolectados permitirán ampliar el panorama sobre el funcionamiento del sistema de salud en lo referente al aseguramiento y la administración de recursos, particularmente en relación con las EPS que han sido objeto de seguimiento o intervención en periodos recientes.
Vigilancia sobre los recursos del sector salud
La Contraloría General de la República mantiene las labores de vigilancia y control sobre los recursos públicos del sector salud, con el fin de verificar su destinación y uso en el sistema. Estas acciones buscan consolidar información que contribuya a la evaluación del manejo de los recursos y su relación con la prestación de los servicios a los usuarios en el territorio nacional.
En el desarrollo de estas funciones, la entidad continúa recopilando datos que permitan observar el comportamiento financiero de las instituciones del sector, en el marco de sus competencias de control fiscal y seguimiento institucional.
¿Qué habían pedido otras entidades a la Supersalud?
La Procuraduría pidió a la Superintendencia de Salud un informe detallado sobre la situación de la Nueva EPS, al advertir fallas en manejo de recursos, tecnología y contratación. El ente de control busca establecer si se mantienen las condiciones que justifican la intervención de la entidad.
Por medio de un documento firmado por la procuradora Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, la Procuraduría General solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud, le entregue un pronunciamiento detallado sobre la situación actual de la Nueva EPS y el estado de la medida de intervención forzosa administrativa que se mantiene sobre esta entidad.
La solicitud, enviada por la Procuraduría el 8 de abril de 2026, va con destino a la superintendente delegada para este caso, y en él se destaca que se busca conocer "si la EPS aún presenta las condiciones que justificaron su intervención, así como los avances, dificultades y soportes técnicos, financieros y administrativos que sustentan su operación".
En este requerimiento, el Ministerio Público pidió copia de varios documentos clave, entre ellos los conceptos emitidos por las áreas técnicas de la Superintendencia, los informes del comité que respaldó la prórroga de la intervención y los reportes mensuales elaborados por la contralora designada para vigilar la entidad.
