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La Contraloría General de la República confirmó que ya inició un seguimiento a los recursos públicos, destinados a la implementación del nuevo modelo de salud para los profesores. Ese organismo alertó que está en riesgo la salud de más de 800.000 afiliados.
Desde el 1 de mayo, cuando se puso en marcha el nuevo sistema, han sido constantes las quejas tanto entre los propios maestros como sus familiares, por las demoras para acceder a citas médicas y tratamientos, al igual que para la entrega de medicinas han suscitado múltiples quejas.
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“En el marco del control concomitante y preventivo, la Contraloría General de la República ha iniciado el seguimiento permanente a los recursos públicos (…) del nuevo modelo de prestación del servicio de salud para los docentes públicos y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST”, afirmó el organismo.
A casi un mes de su puesta en marcha, los docentes y sus familias han advertido sobre las fallas en la atención en varias partes del país. De hecho, la situación ha impulsado a plantones frente a la Fiduprevisora durante las últimas semanas.
Según la Contraloría, la vigilancia incluye analizar el funcionamiento del nuevo modelo, ahondar en las diferencias frente al sistema aplicable hasta el 30 de abril, la gestión financiera, contrataciones y “adecuaciones administrativas en la fiduciaria”.
La Contraloría instó a los entes responsables para un uso transparente de los dineros involucrados, frente a la disposición del Fondo del Magisterio (Fomag) para que las IPS privadas, públicas y mixtas atiendan a los profesores y a sus beneficiarios sin previa autorización.
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Para este miércoles está programado un debate de control político en la Comisión Primera del Senado, al que fueron citados la ministra de Educación, Aurora Vergara; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo y el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín.
