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España quiere endurecer de forma inédita el control sobre las grandes plataformas digitales. Desde Dubái, en el marco del World Governments Summit, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de cinco iniciativas legislativas y regulatorias orientadas a frenar lo que definió como los “abusos” de las redes sociales y a reforzar la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital.
Ante líderes políticos y expertos internacionales, Sánchez sostuvo que el actual ecosistema digital sufre un “desgobierno” que ha permitido la expansión de la desinformación, los discursos de odio y el uso indebido de datos personales, con un impacto especialmente grave sobre los menores.
En ese contexto, defendió la necesidad de una gobernanza digital más estricta, que deje atrás la idea de que la tecnología es neutral y que blinde la legalidad también en el ámbito online.
Entre las medidas anunciadas destaca la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años en España, una decisión que obligaría a las plataformas a implantar sistemas eficaces de verificación de edad.
El Ejecutivo se alinea así con países como Francia, donde el límite se fija en los 15 años, y Australia, que ha elevado esa barrera hasta los 16.
Elusión del Congreso
En junio de 2024, el Consejo de Ministros ya había aprobado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, que elevaba de 14 a 16 años la edad mínima para que un menor pueda abrir una cuenta sin consentimiento parental.
Ahora, según explicó el presidente, el Gobierno pretende introducir una enmienda a esa norma, actualmente en trámite parlamentario, para que la prohibición quede recogida de manera explícita y vinculante, junto con la obligación legal de verificación por parte de las plataformas.
Otra de las iniciativas anunciadas apunta directamente a los máximos responsables de las compañías tecnológicas. Sánchez adelantó una reforma legal para acabar con la impunidad de los directivos, de modo que puedan responder penalmente si no retiran contenidos ilegales o de odio difundidos bajo su supervisión.
Esta medida se articulará mediante un Proyecto de Ley Orgánica que establecerá un régimen específico de responsabilidad penal para los responsables últimos de las plataformas.
El paquete legislativo incluye también la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos destinada a amplificar deliberadamente contenidos ilegales o a alterar sistemas automatizados de procesamiento de datos.
La norma, según explicó Sánchez, incorporará por primera vez la responsabilidad penal de las plataformas cuando sus algoritmos favorezcan la difusión de contenidos contrarios a la ley.
“Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital frente a cualquier tipo de coerción extranjera”, afirmó el jefe del Ejecutivo ante el plenario.
“Mi Gobierno va a convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático, como siempre debiera haber sido”.
Las principales redes
En paralelo, el presidente anunció que el Gobierno trabajará con la Fiscalía para analizar posibles infracciones legales de plataformas como Grok, TikTok e Instagram. Como parte de esta estrategia, se impulsará la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad de contenidos que permita identificar la amplificación de mensajes de odio.
El objetivo es desarrollar una herramienta denominada “Huella de Odio y Polarización”, con la que se busca exponer la permisividad de aquellas plataformas que contribuyen a la división social.
Las iniciativas presentadas en Dubái se inscriben en una ofensiva política sostenida de Sánchez contra las redes sociales y sus propietarios, a quienes el Gobierno señala como uno de los principales vectores de la desinformación.
Hace un año, en el Foro de Davos, el presidente ya advirtió que estas plataformas están “erosionando” las democracias al polarizar el debate público y simplificar en exceso cuestiones complejas.
En aquella ocasión, Sánchez reclamó a la Unión Europea “abrir la caja negra de los algoritmos” para verificar si cumplen con los estándares legales y éticos del bloque comunitario, así como exigir responsabilidades personales a los directivos de las grandes tecnológicas.
Una exigencia que ahora vuelve a plantear y que pretende trasladar al marco normativo español.
En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció además una investigación contra META por una presunta vulneración de la privacidad de millones de usuarios.
La compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp fue citada para rendir cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, una comparecencia que, por el momento, no se ha producido.
