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Con el propósito de realizar un mejor control de los medicamentos que ingresan a las diferentes cárceles del país, el consorcio Fondo de Atención en Salud para Personas Privadas de la Libertad administrado por la Fiduprevisora, implementará la validación biométrica para ofrecer mayores garantías a los usuarios.
La huella biométrica que se instalará inicialmente en 46 establecimientos de reclusión de todo el país, permitirá que las personas privadas de la libertad puedan acceder sin demora a tener los medicamentos para sus respectivos tratamientos, bajo el control requerido por parte de las autoridades.
De acuerdo con la Fiduprevisora, el suministro de medicamentos se viene realizando bajo un modelo de atención definido, mediante la contratación de operadores de medicamentos certificados que responden a las necesidades de salud en cada establecimiento penitenciario.
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Con este nuevo sistema se tendrá la identificación del usuario a través de parámetros biométricos, lo cual garantiza la entrega de los medicamentos al paciente indicado, previniendo la suplantación. Además se validará el estado de afiliación del interno en el sistema para evitar que exista duplicidad.
Mauricio Iregui, gerente del consorcio Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de la Libertad, confirmó que “se han identificado 46 establecimientos de reclusión del orden nacional que contaban con infraestructura para dotar un área de farmacia adecuada, donde las personas pueden reclamar su medicamento, evitando pérdidas y controlando su dispensación”.
“Es importante resaltar que el proveedor dispone de los recursos humanos y tecnológicos para emitir las respectivas fórmulas médicas a cada paciente”, indicó.
El funcionario destacó que los resultados de este modelo superan porcentajes del 95%, logrando erradicar el tráfico de medicamentos al interior de los establecimientos penitenciarios.
Este mismo sistema permitirá que la operación logística farmacéutica responda a eventos que puedan presentarse dentro de los establecimientos de reclusión, en caso de que exista algún riesgo que afecte la salud de las personas privadas de la libertad.
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