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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 271 de 2026, una norma que pone en marcha la Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio, una estrategia orientada a ampliar las garantías de seguridad social para quienes desarrollan esta labor de manera independiente en el país.
La medida está dirigida a recicladores vinculados a organizaciones prestadoras de la actividad de aprovechamiento y cuyos ingresos son inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca fortalecer el acceso a servicios de salud, cobertura frente a riesgos laborales y mecanismos de protección económica para la vejez.
Nueva red de protección social
“El objetivo es que las personas recicladoras de oficio puedan contar con mejores condiciones de protección en salud, riesgos laborales y protección para la vejez, sin que esto signifique la creación de una relación laboral entre la organización y la persona recicladora”, destacó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
Uno de los aspectos centrales del decreto es la creación de un esquema de financiación que permitirá sostener la nueva red de protección social. Los recursos provendrán de las tarifas que pagan los usuarios del servicio público de aseo y que son transferidas a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) por la actividad de aprovechamiento. A ello se sumarán los ingresos obtenidos por la comercialización de materiales reciclables.
En materia de protección para la vejez, el Gobierno informó que Colpensiones ya se encuentra preparada para vincular a cerca de 45.000 recicladores al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), mecanismo diseñado para apoyar a trabajadores que no cumplen los requisitos para acceder a una pensión tradicional.
Aporte histórico de los recicladores
Desde el Ministerio del Trabajo destacaron que la norma representa un reconocimiento al aporte histórico de los recicladores en la gestión de residuos, la promoción de la economía circular y la conservación ambiental.
La implementación del decreto será acompañada por varias entidades del orden nacional, entre ellas los ministerios de Salud, Vivienda y Trabajo, además de Colpensiones, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Según el Gobierno, la expedición de esta norma es resultado de un trabajo conjunto desarrollado a través de siete mesas de seguimiento interinstitucional, en las que se definieron los lineamientos para fortalecer la protección social de miles de recicladores en Colombia.
Claves del tema en cuatro preguntas
1. ¿Qué establece el Decreto 271 de 2026 para los recicladores de oficio?
El decreto crea la Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio, un mecanismo que busca garantizar acceso a servicios de salud, cobertura frente a riesgos laborales y protección para la vejez de quienes ejercen esta actividad de manera independiente.
2. ¿Quiénes podrán beneficiarse de esta nueva red de protección social?
La medida está dirigida a recicladores de oficio que hacen parte de organizaciones prestadoras de la actividad de aprovechamiento y que perciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente.
3. ¿Cómo se financiará la Red de Protección Social para los recicladores?
Los recursos provendrán de las tarifas que pagan los usuarios del servicio público de aseo y que son transferidas a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) por la actividad de aprovechamiento, además de los ingresos generados por la comercialización de materiales reciclables.
4. ¿Qué avances se anunciaron en materia de protección para la vejez?
Colpensiones informó que está preparada para vincular a 45.000 recicladores al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), una alternativa de ahorro para quienes no alcanzan los requisitos necesarios para obtener una pensión tradicional.
