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Mediante el proyecto de acto legislativo 103, buscan obligar al Estado para que garantice el acceso de los estudiantes para cursar los grados décimo y once, es decir, lograr la articulación que permita complementar la educación básica con la media.
Según la representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, “mucha gente me dice, ¿cómo así? ¿Eso no era obligatorio ya? Pues no, al día de hoy la Constitución sólo hace obligatorio la educación hasta noveno, lo cual ha creado un alto grado de deserción y un cuello de botella en noveno, en donde la mayoría de los jóvenes desertan del sistema educativo y el Estado colombiano no sabe en dónde están. Esto es muy crítico en una sociedad llena de violencia, en donde el reclutamiento de menores se ha venido elevando de manera sustancial en los últimos cuatro años”.
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La iniciativa fue desarrollada en conjunto con las comunidades educativas, estudiantes, docentes y expertos, además, busca modificar el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, comprometiendo al Estado, a la sociedad y a la familia de los estudiantes como responsables de la educación, ”que será obligatoria entre los 5 y los 17 años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar, nueve de educación básica y dos de Educación media”.
Por departamentos, Amazonas, Guainía y Vaupés tienen coberturas inferiores al 14 %, “esta es una problemática de la que no escapa ni siquiera Bogotá: aquí hay una cobertura neta de tan solo el 62,1 % pese a los esfuerzos para garantizar las condiciones para el acceso (infraestructura y bienestar) y la permanencia, vía programas como el de articulación de la media con la educación superior”, aseguró.
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Para la líder del proyecto, “en Colombia pareciera que el derecho a la educación termina cuando los y las adolescentes se gradúan de noveno. Nuestro proyecto busca cambiar esa realidad que se vive en el país y que le cierra las puertas del progreso a la juventud”.
El articulado pretende reducir la deserción escolar en todo el país, y para ello establece la responsabilidad del Gobierno Nacional para lograr la eliminación de barreras geográficas, económicas, sociales o laborales, esto con el fin de lograr garantizar que las nuevas generaciones de niños y jóvenes puedan recibir su título de bachiller.
“Ciudades como Bogotá tienen una transformación cercana al 40% de jóvenes que deberían estar en décimo y once, que están por fuera del sistema educativo, haciendo de ellos y de ellas una presa fácil de la criminalidad. Entonces, pues tenemos que asumir esa responsabilidad y esperamos que este acto legislativo se apruebe en esta legislatura para que tenga la segunda ronda con el nuevo Congreso que elija Colombia”, puntualizó Pedraza.
