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La Corte Constitucional retomó esta semana las deliberaciones para establecer cuál será el futuro de los límites del páramo de Santurbán (Santander), con la mira puesta en establecer unos nuevos, que permitan que campesinos y econosistemas puedan cohabitar.
La ponencia del magistrado Alberto Rojas Rios sobre la nulidad del fallo que ordenó una nueva delimitación del páramo de Santurbán es clara; rechaza y niega las pretensiones de la Asociación Colombiana de Minería –ACM- y dos ciudadanas que buscan tumbar la sentencia.
De igual forma, señala que tanto los argumentos de la ACM como los de las ciudadanas carecen de fundamentos, teniendo en cuenta que existe la necesidad de proteger el ecosistema y trabajar de mano con la comunidad.
Así mismo, argumenta que la Corte en pleno debe tener en cuenta a los ciudadanos que viven de actividades del páramo y resolver con ellos la sustitución de las mismas para conservar sus derechos y así garantizar su subsistencia.
“El Gobierno debe crear un modelo de reconversión y restitución de actividades con la población y debe discutir sobre cómo de sustituyen las actividades que la comunidad adelanta en el páramo”, dice la ponencia.
Según datos del Instituto Humboldt, “se estima que en los treinta municipios que pertenecen a este páramo habitan aproximadamente 390.264 personas”, de las cuales “209.000 (53.6%) se encontrarían en cabeceras municipales y 181.264 (46.4%) habitarían en el área rural”.
La sentencia que pretende anular no prohíbe la minería en páramos, porque ésta se impidió en el fallo C-035 del 2016, por el contrario tiene en cuenta la participación ambiental y ordena al Gobierno emitir una nueva resolución con parámetros participativos.
Además advierte que al momento de delimitar debe protegerse la zona de transición existente entre el páramo y el bosque alto Andino, establecido por el Instituto Humboldt, “la delimitación no puede ser inferior a la que ya existe en el páramo”.
