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La Superintendencia Nacional de Salud ordenó mantener la intervención forzosa administrativa sobre la Nueva EPS, oficializando la designación y toma de posesión de Jorge Iván Ospina como nuevo agente interventor.
A través de la Resolución 2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, conocida por La FM, el organismo de control no solo ratifica la continuidad de la medida, sino que reafirma la permanencia del equipo interventor. No obstante, el documento advierte que esta decisión no responde a una estabilización de la entidad, sino a un deterioro progresivo de sus indicadores financieros y operativos.
Radiografía de una crisis financiera billonaria
A pesar de que la intervención inició en abril de 2024, los informes técnicos de seguimiento concluyen que las condiciones críticas persisten y, en varios casos, han empeorado. Según la Supersalud, la Nueva EPS incumple las condiciones de solvencia financiera, presentando los siguientes hallazgos:
- Capital mínimo: Déficit superior a los $1,2 billones.
- Patrimonio adecuado: Déficit de más de $2,4 billones.
- Reservas técnicas: Falta de respaldo por cerca de $2,9 billones.
Uno de los puntos más alarmantes es el rezago en el procesamiento de cuentas médicas. Al inicio de la intervención, la cifra se ubicaba en $5,7 billones; sin embargo, para 2025, el monto escaló a los $14,9 billones, lo que impide conocer con precisión la situación financiera real de la EPS.
Deterioro en la atención a los usuarios
El informe técnico también evidencia una crisis en la prestación de servicios, señalando una "brecha crítica" entre la demanda de los afiliados y la capacidad de respuesta de la entidad. Los principales problemas detectados incluyen:
- Crisis de suministro: Fallas recurrentes en la entrega oportuna de medicamentos y servicios especializados.
- Barreras de acceso: Demoras prolongadas en citas con especialistas y deficiencias estructurales en la red de prestadores.
- Judicialización de la salud: Incremento sostenido de quejas, reclamos, acciones de tutela y desacatos por vulneración del derecho fundamental a la salud.
La Superintendencia indicó que la debilidad en la capacidad tecnológica y de información de la EPS agrava la situación, generando interrupciones en los tratamientos y mayores riesgos para la vida de los afiliados. Ante este panorama, el ente de control determinó que el equipo interventor deberá redoblar esfuerzos para intentar frenar el colapso de la aseguradora más grande del país.
