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La Nueva EPS reveló que por instrucción del Agente Especial Interventor de esta entidad y con el acompañamiento del Gobierno Nacional y diversas entidades del orden nacional, se determinó el cambio del prestador Integral Solutions (a quien la EPS le adeudaría supuestamente $8.000 millones), con el propósito según la EPS "de fortalecer la calidad y la oportunidad en la atención de los pacientes con hemofilia".
“La Nueva EPS realizó una revisión inmediata de la situación y activó las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios requeridos por todos los usuarios, priorizando su seguridad y la prestación oportuna de los servicios de salud”, señaló la entidad intervenida por el Gobierno.
De la misma forma la Entidad Prestadora de Salud reveló detalles sobre cómo será la atención de los 176 pacientes que padecen esta patología a nivel nacional.
“Como resultado de este proceso, 176 pacientes que eran atendidos por dicho prestador fueron asignados a nuevas instituciones según su ubicación geográfica. Las IPS Salud Vital asumirán la atención en los departamentos de Huila y Caquetá; en Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima la atención será prestada por Integral IPS; en Arauca estará a cargo la Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS; y en Medellín, Cali y Risaralda los pacientes serán atendidos por el nuevo aliado de NUEVA EPS, Neurum”, explicó la Nueva EPS.
“De manera paralela, los afiliados están siendo contactados y orientados para informarles la IPS designada para continuar con su atención clínica. Reiteramos nuestro compromiso con garantizar una transición ordenada y transparente, asegurando que los pacientes reciban su acompañamiento clínico sin interrupciones. NUEVA EPS reafirma su disposición de seguir trabajando para salvaguardar la calidad del servicio y velar por el bienestar integral de sus usuarios”, concluyó la entidad.
CTI adelanta inspecciones judiciales a varias IPS tras muerte de Kevin Acosta
La Fiscalía General de la Nación avanzan en los actos urgentes de investigación con el fin de establecer si hubo algún tipo de responsabilidad penal por parte de los funcionarios a cargo de la Nueva EPS y del sistema de salud en torno a la muerte del menor de 7 años Kevin Acosta, quien padecía de hemofilia A severa, cuyo caso generó una profunda conmoción en el país.
La investigación está siendo coordinada por parte de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de Bogotá que ordenó la práctica de varias ordenes a policía judicial con el fin de recolectar la mayor cantidad de elementos de prueba que puedan servir de fundamento para el proceso.
Dentro de estas ordenes de policía ordenó a agentes del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) adelantar una serie de inspecciones judiciales a las sedes de varias Instituciones Prestadoras del Servicio de salud (IPS) para recolectar pruebas y determinar cual fue la atención que se le prestó al menor y si fue oportuno el suministro de medicamentos al niño.
La FM conoció que estas diligencias de inspección judicial se están llevando a cabo en al menos ocho sedes de IPS ubicadas en ciudades como Neiva, Pitalito, Cali, Medellín, Bucaramanga, Palestina, Popayán y Bogotá.
Dentro de las evidencias que están siendo recolectadas se destaca toda la documentación relacionada con la historia clínica del menor, los soportes de la Nueva EPS sobre los servicios y tratamientos prestados al niño, el reporte sobre el suministro de los medicamentos que requería para al atención de su enfermedad y los trasladados hospitalarios.
De igual forma, los investigadores de la Fiscalía analizan el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que fue practicado al menor de siete años sobre las causas de la muerte.
Con base en el análisis de estas pruebas y elementos técnicos que recolecten los agentes de policía judicial la Fiscalía procederá a definir la recepción de testimonios y entrevistas de los profesionales de la salud y demás funcionarios que conocieron este caso e incluso la necesidad de citar a interrogatorio a otros servidores públicos.
