Hay indignación a nivel nacional tras la muerte de una mujer de 79 años en un dispensario de medicamentos de la Nueva EPS en una droguería Cafam, ubicada en el barrio Caobos de Cúcuta. El hecho ha encendido las alarmas sobre la crisis de salud en Norte de Santander. El deceso se produjo en medio de un reclamo por la falta de entrega de insumos vitales para su hijo en condición de discapacidad.
El detonante de la tragedia
Según testigos y líderes sindicales, la mujer llevaba más de un año gestionando, sin éxito, la entrega de medicamentos y pañales. En el momento del incidente, la ciudadana denunciaba nuevamente la demora institucional cuando sufrió un colapso súbito.
Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, denunció que el trato recibido por parte del funcionario de turno fue "grosero", lo que habría provocado un impacto emocional determinante en la mujer, quien falleció de forma inmediata a causa de un paro cardiaco.
Respuesta institucional y de control
Tanto Cafam como la Nueva EPS —entidad a la que estaba afiliada la víctima— anunciaron la apertura de investigaciones internas para verificar los protocolos de atención prestados.
La Nueva EPS emitió un comunicado oficial asegurando que trabaja de manera articulada con las autoridades para esclarecer los hechos:
"La entidad solicita formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control un acompañamiento y revisión exhaustiva para garantizar transparencia y celeridad en el proceso".
Una crisis estructural
Este hecho ha sido catalogado por los gremios de salud como la "punta del iceberg" de una crisis sistémica. El sindicato asegura que miles de usuarios de la Nueva EPS enfrentan bloqueos constantes en la entrega de fármacos, lo que interrumpe tratamientos críticos.
Hernández responsabilizó directamente al Gobierno Nacional y a la Supersalud por la inestabilidad administrativa:
- Rotación de interventores: Denuncian que el cambio de funcionarios cada 20 días frena el flujo de pagos.
- Incumplimiento de pagos: Compromisos adquiridos en diciembre de 2023 con las IPS aún no se han materializado.
- Impacto en el usuario: La falta de recursos en los prestadores se traduce en una atención deficiente y deshumanizada en los puntos de entrega.
La comunidad y las organizaciones sociales exigen que este caso no quede en la impunidad y que se tomen medidas de fondo contra las barreras administrativas que hoy ponen en riesgo la vida de los pacientes más vulnerables.