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Cuatro días después de la alerta de la Superintendencia de Salud sobre las aparentes irregularidades en la intervención a Nueva EPS —que lidera la misma superintendencia—, la Procuraduría General de la Nación inspeccionó la entidad de salud más grande del país. La visita administrativa, asegura el Ministerio Público, es “preventiva”.
La Procuraduría le informó a la EPS sobre la inspección en un auto de dos páginas. El documento explica que la medida busca “recolectar toda la información necesaria” para vigilar la toma forzosa que el Gobierno nacional adelanta. El ente de control prometió formular “inquietudes y preguntas” para luego presentar “observaciones”.
Es la segunda inspección del organismo disciplinario desde el 16 de abril. Las procuradurías delegadas para la Seguridad Social y la Vigilancia Preventiva de la Función Pública visitaron aquel jueves la Superintendencia de Salud, y este lunes pidieron que les atendiera el recién nombrado interventor, Jorge Iván Ospina.
Para la Superintendencia, Ospina no cumple los requisitos para ser el agente especial estatal. La Procuraduría, precisamente, recibió el 14 de abril un demoledor informe de la agencia sanitaria. El documento, de diecinueve páginas, denuncia irregularidades en la intervención a Nueva EPS.
Antes de intervenir una EPS o prorrogar la medida, se requiere un informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, una instancia técnica de la Superintendencia que supervisa la gestión de riesgos de las EPS.
Luego, el Comité de Medidas Especiales, también de la Superintendencia pero más interdisciplinario, lanza un concepto a partir de deliberaciones. El 10 de abril, una semana después del fin de la intervención a Nueva EPS, el Comité sesionó.
Alertas internas y dudas sobre la intervención a Nueva EPS
El sector sanitario y la opinión pública se mantenían a la expectativa sobre el futuro de la entidad de salud más grande de Colombia, que atiende a más de once millones de usuarios y que desde el 3 de abril no tenía interventor ni gerente.
La superintendente ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, manifestó su decisión de prorrogar la toma forzosa. El Comité, por unanimidad, se opuso, precisamente porque no existía ningún pronunciamiento de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
De hecho, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud advirtió que el proyecto de resolución de Múnera "presentaba inconsistencias relacionadas con el debido proceso".
El mismo 10 de abril la Superintendencia expidió la resolución que ordena intervenir a Nueva EPS, que descarta la postura del Comité y dice que en el cónclave "se decide la toma de posesión e intervención forzosa administrativa".
"La superintendente ad hoc acoge las recomendaciones del Comité de Medidas Especiales frente a la adopción de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa", insiste la Resolución 2026100000003814-6.
Múnera, que ya no será superintendente ad hoc porque Daniel Quintero será superintendente de Salud, omitió todos los requisitos y aseguró que el 10 de abril el Comité le recomendó un "mecanismo excepcional" para designar a un interventor.
Decisiones controvertidas y un interventor sin requisitos
Fue así como Jorge Iván Ospina, el médico, exalcalde de Cali y excongresista, llegó como delegado del Ejecutivo. Sin cumplir los requerimientos. De acuerdo con un memorando de la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, Ospina no acredita una experiencia mínima de tres años en el nivel directivo o asesor de entidades del sector salud.
Tampoco con los dos años de experiencia adicional en asesoría o dirección en el sector. Y aunque cuenta con un título de médico cirujano, no es suficiente. Su calificación era de "riesgo alto".
"El proceso de intervención recientemente adelantado a Nueva EPS se aparta del principio de debido proceso administrativo", concluye la Superintendencia, y añade que la medida "desconoce lo dispuesto en el proceso de control de toma de decisiones de esta Superintendencia, particularmente en lo relacionado con la necesidad de contar con insumos técnicos".
Por norma, si la intervención de una EPS no da buenos resultados en dos años, lo que procede es su liquidación, salvo que la autoridad de inspección, vigilancia y control —la superintendencia— autorice una prórroga si las circunstancias lo justifican: "situación que no ocurrió".
"Ante la ausencia de acto administrativo que sustentara la prórroga de la medida de intervención, la Nueva EPS quedó jurídicamente sin medida", sostiene el oficio de la Superintendencia para la Procuraduría.
En entrevista con La FM, Ospina señaló que su objetivo principal es, precisamente impedir que Nueva EPS sea liquidada. Hay que “esclarecer claramente las cuentas por pagar, a quién se le debe pagar y cuáles son”, dijo. “Si mi perfil no cumple para liderar una EPS, entonces yo no sé qué tipo de perfil demandan”, añadió.
Quejas, cifras críticas y control estatal
La carta para la Procuraduría fue proyectada por Mónica Núñez, asesora del despacho de la Superintendencia de Salud; Diana García, coordinadora del Grupo Jurídico de la Dirección de Medidas Especiales; Nubia Melo, coordinadora del Grupo Técnico Científico de la misma dirección; Kendal Veloza, coordinadora del Grupo Financiero, también de la Dirección; el propio director de Medidas Especiales, José Edison García, y Liliana Gracia Ruiz, directora de Inspección y Vigilancia de Entidades de Aseguramiento en Salud.
Edilma Marlén Suárez Castro, superintendente Delegada para entidades de Aseguramiento en Salud, revisó el oficio, lo firmó y lo envió al despacho del procurador general, Gregorio Eljach, y de la procuradora delegada para Asuntos civiles, Mónica Andrea Ulloa, quien suscribió el auto con los detalles de la .
La Resolución 2026100000003814-6, la de la intervención y el nombramiento de Jorge Iván Ospina, fue revisada, aprobada, firmada y expedida por una sola persona: Luz María Múnera.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y Bernardo Camacho como superintendente saliente, reemplazado por Daniel Quintero— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
Claves del lío en Nueva EPS, en cuatro preguntas
¿Por qué la Procuraduría inspecciona Nueva EPS?
El Ministerio Público inició una visita preventiva para recolectar información sobre la intervención que adelanta el Gobierno, tras las alertas de la Superintendencia de Salud. El objetivo es vigilar cómo se tomó la decisión y si se ajusta a las normas.
La inspección se da pocos días después de un informe interno que advierte posibles irregularidades, por lo que la Procuraduría busca formular observaciones y determinar si hubo fallas en el proceso administrativo.
¿Qué irregularidades detectó la Superintendencia de Salud en la intervención a Nueva EPS?
El informe de la propia Superintendencia señala que la intervención se habría apartado del debido proceso. Entre los principales cuestionamientos está la ausencia de un concepto previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
También se advierte que el Comité de Medidas Especiales no respaldó la decisión de prorrogar la intervención, pese a lo cual se expidió la resolución. Para la entidad, la postura implicó desconocer los controles internos y adoptar la medida sin los insumos técnicos necesarios.
¿Por qué está en entredicho el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de Nueva EPS?
Jorge Iván Ospina fue designado como agente especial en medio del cuestionado proceso. Según documentos internos, no cumpliría con los requisitos mínimos de experiencia exigidos para el cargo, especialmente en niveles directivos o de asesoría en el sector salud. La Superintendencia calificó su perfil como de “riesgo alto”.
¿Qué está en juego con la intervención de Nueva EPS?
Nueva EPS es la entidad de salud más grande del país, con más de once millones de afiliados, por lo que cualquier decisión sobre su futuro tiene un impacto masivo. Además, la intervención ya completaba el tiempo límite sin resultados claros, lo que, según la norma, podría llevar a su liquidación.
