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El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, explicó en La FM que el artículo noveno del proyecto de jurisdicción agraria definiría si se mantienen las garantías judiciales en los procesos sobre tierras en Colombia y cómo este podría afectar los procesos de soberanía en el país.
¿Qué plantea el artículo noveno de la jurisdicción agraria?
Bedoya señaló que el núcleo del debate está en quién toma las decisiones sobre los conflictos de tierras. “De cómo salga dependerá si los ciudadanos mantienen el debido proceso”, afirmó, al referirse al alcance del artículo. Explicó que el decreto ley 902 de 2017 estableció que estos procesos deben ser definidos por un juez de la República, como parte de una rama judicial independiente. “Todos los procesos agrarios los debería decidir un juez”, indicó.
Según detalló, la creación de la jurisdicción agraria busca contar con jueces especializados, pero advirtió que la propuesta actual introduce cambios. “Quieren crear la jurisdicción y quitarle las competencias a los jueces”, dijo.
El dirigente gremial sostuvo que esto implicaría una contradicción frente a lo dispuesto previamente. “¿Para qué crear una jurisdicción si le quitan funciones a los jueces?”, planteó durante la entrevista.
Además, indicó que el argumento de agilizar procesos no resolvería el problema. “Dicen que no son ágiles, pero entonces para qué quitarles las competencias”, señaló, al cuestionar la propuesta en discusión.
¿Cómo cambiarían los procesos agrarios para los propietarios?
Bedoya explicó que el cambio principal estaría en la forma en que se toman decisiones sobre linderos y propiedad rural. “Hoy la agencia investiga y un juez decide”, precisó sobre el modelo vigente.
En contraste, advirtió que la propuesta permitiría a la Agencia Nacional de Tierras tomar decisiones directas. “La agencia diría que esos no son sus linderos y toma la decisión”, afirmó.
Agregó que el ciudadano tendría que acudir posteriormente a la justicia. “Después le dicen que vaya y se queje ante un juez”, expresó, al describir el mecanismo planteado.
Para Bedoya, esto implica una diferencia en las garantías procesales. “Es una diferencia enorme entre tener garantías judiciales o no tenerlas”, sostuvo durante la conversación.
También señaló que no está definido qué funcionario asumiría estas decisiones. “Será la Agencia Nacional de Tierras la que tenga el poder de decidir”, indicó, al referirse al alcance institucional del cambio.
El presidente de la SAC añadió que esto podría concentrar funciones en una entidad administrativa. “Tendría el poder absoluto de tramitar y decidir los procesos”, afirmó en la entrevista.
Bedoya reiteró que el modelo vigente establece un rol central de los jueces. “Los jueces son los que tienen que decidir”, señaló, al insistir en la necesidad de mantener ese esquema.
En ese contexto, mencionó decisiones recientes sobre el tema. “La fase judicial se mantiene”, dijo al referirse a pronunciamientos en los que se respalda la intervención de los jueces. También, indicó que el debate continuará en el Congreso y destacó la importancia de escuchar a la rama judicial. “Vamos a ver qué dicen los magistrados”, concluyó, al referirse a la discusión sobre la jurisdicción agraria.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
