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En el marco del Tercer Foro Farmacéutico Latinoamericano, realizado en Bogotá, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la reforma al sistema de salud impulsada por el Gobierno y lanzó fuertes cuestionamientos sobre el papel de las EPS y el manejo de los recursos del sector.
Durante su intervención, el funcionario aseguró que la iniciativa ha sido aprobada en dos ocasiones por la Cámara de Representantes y reiteró que el objetivo es modificar de fondo el modelo actual.
Defensa de la reforma
“Para que se volvieran gestoras, para que no se les entregue el dinero, sino que el dinero vaya a los laboratorios, los dineros vaya a los proveedores, vaya a los hospitales y a las clínicas directamente”, explicó.
Según explicó, la propuesta busca eliminar la intermediación financiera para que los recursos públicos lleguen directamente a hospitales, clínicas y proveedores.
“Pues, no hemos podido terminar de lograr esos acuerdos porque hay más interés en tumbar la la reforma, y muy especialmente porque han intervenido las EPS directamente financiando partidos y financiando parlamentarios, como se ha demostrado muy claramente en los debates”, señaló, al tiempo que sugirió que algunos actores han tenido interés en frenar la reforma.
Deuda del sistema
El ministro también advirtió sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos por parte de las EPS. Citando informes de la Contraloría, indicó que la deuda del sistema pasó de 25 billones de pesos en 2023 a 32 billones en 2024.
Además, mencionó inconsistencias por 2,7 billones de pesos entre lo girado y lo reportado, así como cerca de 14 billones cuyo destino no ha sido esclarecido en los últimos años. Entre los hallazgos, habló de facturación a personas fallecidas, procedimientos duplicados y sobrecostos en medicamentos.
En paralelo, defendió el fortalecimiento de la atención primaria en salud, con más de 100.000 profesionales desplegados en el territorio, especialmente en zonas apartadas, como parte de una estrategia de prevención y promoción.
Discusión sobre el sistema farmacéutico
El pronunciamiento del ministro se dio en el contexto de una discusión más amplia sobre el futuro del sistema farmacéutico en Colombia y la región, un espacio orientado a avanzar en convergencia regulatoria y fortalecer la confianza entre agencias e industria.
En 2025, el mercado farmacéutico colombiano alcanzó los 32,47 billones de pesos, pero el 72% del gasto se concentró en medicamentos de alto costo, en su mayoría importados.
En ese contexto, el debate planteado en Bogotá apunta a una decisión sobre si mantener un modelo dependiente de mercados externos o avanzar hacia una política farmacéutica nacional que garantice acceso, sostenibilidad y autonomía sanitaria.
Clave del tema en cuatro preguntas
1. ¿Qué defendió el ministro de Salud durante el foro farmacéutico en Bogotá?
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respaldó la reforma al sistema de salud, señalando que busca eliminar la intermediación de las EPS en el manejo de recursos. Explicó que la propuesta pretende que los dineros públicos lleguen directamente a hospitales, clínicas y proveedores, con el fin de corregir fallas estructurales.
2. ¿Qué irregularidades denunció el Gobierno sobre las EPS?
El ministro expuso hallazgos de la Contraloría que evidencian problemas graves en el manejo de recursos: deudas que ascienden a 32 billones de pesos, diferencias millonarias entre lo girado y lo reportado, facturación a personas fallecidas y sobrecostos en medicamentos. Según indicó, estas inconsistencias reflejan fallas de control en el sistema.
3. ¿Qué papel cumplen los eventos organizados por ASINFAR e INVIMA?
El Primer Diálogo Latinoamericano y el 3 Foro Farmacéutico, liderados por ASINFAR y el INVIMA, buscan promover la convergencia regulatoria, fortalecer la cooperación regional y abrir un debate estratégico sobre el acceso a medicamentos y la sostenibilidad del sistema de salud.
4. ¿Por qué se habla de la necesidad de una política farmacéutica nacional?
Porque el país enfrenta una alta dependencia de medicamentos importados y una concentración del gasto en productos de alto costo. Esta situación limita la capacidad de negociación del Estado y aumenta el riesgo de desabastecimiento, lo que ha llevado a plantear la urgencia de fortalecer la producción local como parte de una política de Estado.
