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Todo inició con una demanda de constitucionalidad ante la Corte. La petición busca apartar a la Iglesia Católica de las decisiones que toma la institución de formación educativa. El argumento es que se estaría violando la libertad de cultos y la igualdad.
El procurador tiene la obligación de enviar conceptos en todas las demandas que se presenten ante la Corte Constitucional, esta vez su respuesta fue enérgica: “el asiento de la Conferencia Episcopal resulta ser una forma idónea para recoger la voz del sector educativo de qué forma directa o indirecta acoge la experiencia de la Iglesia Católica en el sector educativo, pues la Conferencia Episcopal es el órgano que recoge la opinión y representatividad de todos los obispos”.
En el concepto, el jefe del Ministerio Público asegura que la Iglesia Católica está directamente relacionada en los colegios del país, no solo en los confesionales, sino también en los laicos.
Con ese argumento, se pide que se mantenga el puesto de la Conferencia Episcopal en el Consejo Directivo del Sena.
Al finalizar, Ordóñez le pide a la Corte Constitucional que le ordene al Ministerio de Educación hacer un estudio sobre el porcentaje de colegios y universidades que hacen parte de congregaciones religiosas, para establecer si la Iglesia Católica debe seguir tomando decisiones en la educación del país.
