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Seis meses después de la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, su madre lo recordó. Era lunes, en un despacho de la Fiscalía General de la Nación. La señora Yudy Katherine Pico reconstruyó los últimos momentos del niño con vida. De hecho, reconoció a su pequeño en un video, el último registro de él vivo. Fue una diligencia compleja.
Asistió junto a su abogado. El propósito de la reunión fue exonerar a la señora Pico de cualquier responsabilidad penal en el deceso de Kevin. Las actas del encuentro, además, sirven para nutrir un expediente clave: el que busca demostrar una manipulación de la historia clínica de Acosta de parte de funcionarios de Nueva EPS.
La FM conoció en primicia la línea de investigación que rastrea lo que fuentes del caso llaman “la cadena de manipulación de la historia clínica”. Los elementos no solo sirven para la causa en la jurisdicción ordinaria, sino que el 6 de agosto viajaron del búnker de la Fiscalía a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
“Difícilmente va a pasar algo, la verdad. Es muy difícil que pase algo”, afirma resignado el abogado de la familia, Manuel Villanueva, en diálogo con La FM. A los Pico les preocupa la probabilidad de una prescripción y un archivo en la célula legislativa encargada de investigar al presidente saliente, Gustavo Petro.
El expediente pretende comprender la ruta completa que siguió la historia clínica filtrada hasta llegar a manos del mandatario, quien en un evento público la leyó sin el consentimiento de la familia. Petro culpó a Yudy Catherine de la muerte, lo que le costó un proceso en la históricamente inoperante Comisión.
La Fiscalía ya hizo todo un rastreo del documento sanitario, estableciendo “persona por persona” —narran fuentes— quién tuvo acceso al archivo y cuál fue su destinatario final. El organismo penal quedó en enviar “elementos materiales importantes que relacionan la responsabilidad de quienes la filtraron”, añade el abogado Villanueva.
En el búnker no son pocos los esfuerzos por imputar a los implicados en la muerte de Kevin Acosta, la negligencia que la provocó y la narrativa revictimizante del Gobierno. La familia del niño denunció al secretario general y director jurídico del Ministerio de Salud, quien intentó acceder a informes reservados sobre el menor.
Se trata de Rodolfo Enrique Salas Figueroa, candidato a la secretaría de la Cámara de Representantes. Ha acompañado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en varias jugadas ambiciosas, como la denuncia en marzo de 2025 contra directivos de la cadena de farmacias Audifarma por un supuesto acaparamiento de medicamentos.
Entre 2016 y 2019, cuando Jaramillo fue alcalde de Ibagué, Salas fue asesor de su despacho y del de otras entidades municipales, como el Instituto para el Deporte y la Recreación. El 3 de marzo de 2026, el abogado especialista en derecho público radicó una petición, en nombre del Ministerio de Salud, ante el Instituto de Medicina Legal.
El Ministerio de Salud intentó obtener la necropsia, pero Medicina Legal se negó
Salas, también especialista en derecho penal, le pidió al organismo la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia A severa que murió luego de dos meses sin recibir su medicamento. El Instituto respondió que los documentos están sujetos a reserva legal.
Habían pasado dieciocho días desde la muerte de Kevin y catorce desde que el presidente Gustavo Petro, en un discurso en La Guajira, leyó sin consentimiento la historia clínica del menor, que incluía un “documento de aceptación” con el que Yudy Katherine Pico, la madre, autorizaba no intervenir al niño quirúrgicamente.
El 17 de marzo, exactamente un mes después de la alocución del mandatario, Medicina Legal le respondió a Salas y a la cartera sanitaria, con un oficio marcado con el número 557197. El Instituto explicó que no está facultado para entregar información que hace parte de una investigación penal, y le remitió la petición a la Fiscalía.
De hecho, en ese momento Medicina Legal no había terminado el informe de necropsia de Kevin, pues se trataba de un caso complejo que exigía un análisis riguroso. Preveía concluir el 17 de abril y, de todos modos, enviarle los resultados únicamente a la Fiscalía 51 de la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Personal.
El secretario Salas y el Ministerio de Salud estuvieron inconformes. El Instituto no les respondió como esperaban, así que radicaron una tutela alegando una supuesta vulneración del derecho fundamental de petición. El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá respondió con un fallo de doce páginas el 14 de abril.
La FM tuvo acceso en primicia al documento, que firmó el juez Alexander Díaz Pedrozo y que está en medio de una riña entre el gobierno de Petro y el Instituto de Ciencias Forenses. En una perorata el 27 de abril, el presidente acusó a la entidad, sin pruebas, de ocultar las causas del fallecimiento de Kevin.
“Medicina Legal es la que sabe por qué murió, y no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregara”, protestó el jefe de Estado junto al ministro Guillermo Jaramillo. El Instituto lo desmintió: la fiscal Luz Adriana Camargo no ha solicitado información del caso y tampoco la ha bloqueado.
En realidad, Medicina Legal ni siquiera tiene autoridad de entregar resultados sin orden judicial, como lo ratificó una respuesta de la entidad a La FM. Los informes “solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, y cualquier otro trámite ante personas naturales o jurídicas necesitaría un aval superior.
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, luego se pronunció. “El Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad para entregar los resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales”, explicó el médico en un video, en el que además narró cómo el Ministerio de Salud acudió a la tutela.
La familia denuncia irregularidades y reclama una reparación por la muerte del menor
La demanda fue improcedente. La premisa de que “no se había emitido contestación alguna” no pasó ningún umbral que demostrara la vulneración a un derecho fundamental. El Instituto Forense “acreditó haber emitido y remitido respuesta a la solicitud antes de la presentación de la acción constitucional”.
Incluso, la respuesta de la entidad “evidencia una actuación diligente frente a lo requerido, encaminada a que la solicitud fuera conocida por la autoridad que consideró competente” para decidir si la necropsia se entrega o no. “No se evidencia una afectación actual del derecho fundamental de petición”, concluye el fallo.
Una vez más, Salas y el Ministerio de Salud no estuvieron satisfechos. Impugnaron el fallo. El proceso aterrizó en el Tribunal Superior de Bogotá el 24 de abril. La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano fue la ponente en la segunda instancia, que ratificó la decisión de la primera.
El equipo jurídico de la familia de Kevin Acosta planeaba denunciar al ministro Jaramillo, pero se inclinó por Salas tras la primicia de La FM. Este medio conoció la denuncia, de seis páginas, que reposa en la Fiscalía. Manuel Villanueva, que en marzo denunció al propio jefe de Estado y al jefe de la cartera de Protección Social por la divulgación de parte de la historia clínica de Kevin, firmó el oficio, que pide proteger a la señora Yudy Katherine Pico.
Villanueva tacha la actuación de Rodolfo Salas como una “extralimitación”. El secretario “pudo incurrir” en usurpación de funciones, “desconociendo los postulados jurídicos acerca de la protección de las víctimas en el proceso penal”, así como en prevaricato o “extralimitación”, por intentar acceder a la necropsia del niño.
El defensor pidió “de forma urgente” adelantar “las acciones legales pertinentes para establecer la responsabilidad” de Salas en los posibles delitos. La familia de Kevin, además, solicitó que “se preserven los derechos de las víctimas”. El ente acusador ya desarrolla una investigación penal por el fallecimiento del menor.
La familia del niño Kevin Acosta demandó al Estado. El 27 de mayo Yudy Pico enfrentó en una conciliación a las entidades que propiciaron su duelo. La mujer espera que reconozcan la negligencia con la que actuaron al atender al huilense de siete años que padecía hemofilia A Severa.
El monto que la familia Pico exige como reparación no es menor: más de mil ochocientos millones de pesos. Si la conciliación fracasa, la justicia debe determinar si la pretensión es justa. Los Pico proponen, para evitar el engorroso camino de los estrados, conciliar con unos 923,26 millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación, que concluyó que Kevin murió por la inadvertencia de Nueva EPS, citó a la familia del niño y a cuatro organismos estatales a una conciliación, el primer paso antes de un proceso de reparación directa, un mecanismo judicial para reclamarle al Estado una indemnización.
Los procesos judiciales reviven la cadena de fallas que dejó a Kevin sin tratamiento durante dos meses
Once dolientes de Kevin buscan que el Estado admita sus falencias en el deceso. Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país, es una de las citadas a conciliar. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Salud y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también están llamadas a responder.
“Se solicita, como base conciliatoria, el reconocimiento del perjuicio material derivado del truncamiento de la vida productiva del menor y de la pérdida de ayuda económica futura que, según el curso ordinario de las cosas, habría podido proyectar hacia su familia”, dice la convocatoria de la Procuraduría.
Ocho familiares de Kevin participaron en la conciliación. Les acompañaron dos abogados: William Mejía y Wilson Ruiz. Mejía le señaló La FM que su intención es conciliar: “es la manera más sensata y más ágil de reparar el daño que sufrió la familia de Kevin, el daño material y el daño moral”.
Cuando Kevin murió, no tenía una IPS asignada. Pero había pasado por dos, Medicarte e Integral Solutions, en Huila, antes de su traslado a Bogotá para permanecer en el Hospital La Misericordia. Ninguna de las prestadoras le garantizó emicizumab, indispensable para su trastorno de coagulación.
El motivo fue contundente: cuentas por pagar que superan los 61 mil millones de pesos. Nueva EPS había incumplido sus contratos. Kevin Arley Acosta Pico murió el 13 de febrero. El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a unas doscientas organizaciones, aseguró que el fallecimiento se debió al “abandono” de la EPS.
La oenegé calificó su fallecimiento como “evitable”. La Procuraduría, por su parte, responsabilizó a Nueva EPS por su “omisión” y “negligencia”, y elaboró un informe detallando las circunstancias alrededor del deceso. El 8 de febrero Kevin ingresó al hospital San Antonio de Pitalito tras caer cuando montaba bicicleta.
El niño golpeó su cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de doce mil habitantes. Debía aplicarse emicizumab cada veintiocho días, pero desde el 12 de diciembre de 2025 no recibía ninguna dosis.
Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito. La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta de hematología por teléfono.
Al día siguiente de la cita, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigente con la EPS”, contó la madre de Kevin. La llamada derivó en la orden de unos exámenes que, de todos modos, no fueron posibles. “Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, relató la señora Pico.
La investigación se amplía mientras Nueva EPS acumula cuestionamientos por su atención a pacientes con hemofilia
Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención cabal, incluso en términos psicológicos, y que certifique la dispensación de medicamentos. El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral.
El Ministerio Público elaboró un informe sobre los pormenores de la muerte del menor, y determinó que la falta de entrega de emicizumab por cerca de dos meses puso a Kevin “en una situación clínica crítica”. Medicarte, la IPS que atendía al niño, suspendió la entrega de medicinas por falta de pago de Nueva EPS.
La IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, no asumió el compromiso, por el mismo motivo: Nueva EPS tampoco le giró recursos. La Procuraduría indicó que otros dos mil pacientes “podrían estar en alto riesgo” por las mismas condiciones, pues no tienen atención médica asegurada.
Un mes y cuatro días después de la muerte de Kevin, la Procuraduría decidió, además, abrir una investigación disciplinaria contra Luis Óscar Galves Mateus, exinterventor de Nueva EPS a partir de noviembre de 2025 en medio de la toma forzosa que la Superintendencia de Salud adelanta desde abril de 2024.
Galves renunció sin que la Procuraduría concretara la investigación en su contra. Ahora el médico, exalcalde y exembajador Jorge Iván Ospina tiene a Nueva EPS y sus falencias sobre los hombros. Galves tiene otro caso a cuestas por su labor en Savia Salud, la EPS más grande de Antioquia y que el Gobierno interviene desde 2023.
La administración de Gustavo Petro —con Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud y Daniel Quintero como superintendente recién posesionado— administra seis EPS, tras las órdenes judiciales sobre Coosalud y Savia Salud: Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS concentra la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó la última semana de febrero unas ocho IPS en Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá para conocer qué servicios y medicamentos se le suministraron, o no, a Kevin. También analizó la necropsia que el Instituto de Medicina Legal practicó.
La familia de Kevin Acosta, con Manuel Villanueva, denunció al presidente Petro y al ministro Jaramillo por revelar parte de la historia clínica del menor. La Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue a “las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento”.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué investiga la Fiscalía sobre la historia clínica de Kevin Acosta?
La Fiscalía reconstruye la cadena de custodia de la historia clínica de Kevin Arley Acosta para establecer quiénes accedieron al documento, cómo fue filtrado y quiénes serían responsables de que terminara —luego de una aparente manipulación— en manos del presidente Gustavo Petro, quien la divulgó públicamente sin autorización de la familia
¿Por qué el Ministerio de Salud quedó bajo cuestionamiento en el caso?
La investigación también examina los intentos del Ministerio de Salud, a través de su secretario general y director jurídico Rodolfo Salas, de obtener la historia clínica y la necropsia del menor. La familia denunció esa actuación por considerar que excedió las facultades legales y vulneró sus derechos como las víctimas.
¿Qué acciones judiciales impulsa la familia de Kevin Acosta?
Además de colaborar con la investigación penal, la familia denunció la filtración de la historia clínica y promovió una reclamación contra el Estado por la muerte del menor. Busca una reparación económica por la presunta negligencia en la atención médica y por la revictimización derivada de la divulgación de información reservada.
¿Qué concluyen las investigaciones sobre la muerte del niño?
La Procuraduría atribuyó el fallecimiento a omisiones de Nueva EPS, al establecer que Kevin permaneció cerca de dos meses sin recibir un medicamento indispensable para tratar su hemofilia. La Fiscalía, por su parte, adelanta una investigación penal para establecer las responsabilidades por la muerte del menor y por las actuaciones posteriores relacionadas con su historia clínica.
