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Al término de una reunión que fue convocada por el presidente de la República, Iván Duque, para analizar el fallo de Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo expuso la posición oficial del Gobierno frente a las órdenes impuesta por ese tribunal.
El ministro señaló que “las actuaciones de integrantes de la fuerza pública que en el marco de la protesta violen la ley, son individualizadas y sancionadas por las autoridades competentes y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley”.
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Holmes Trujillo agregó que “el Gobierno Nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020”.
El ministro de Defensa se refirió a las denuncias de excesos por parte de la fuerza pública en medio de las manifestaciones y señaló que “la fuerza pública, en particular el ESMAD, no incurre en excesos y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019 en los que pudo existir excesos, corresponden a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos”.
Explicó que “esos comportamientos actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer o no, la responsabilidad individual”.
Carlos Holmes Trujillo enfatizó que “la manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución Política y esta se cumple dentro de la política de convivencia y seguridad ciudadana”.
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“La fuerza pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen”, dijo.
El funcionario concluyó que la actuación del ESMAD se produce exclusivamente “ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”.
