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Mientras el Estado colombiano intenta frenar la reproducción de los hipopótamos que se tomaron el Magdalena Medio, ciertos sectores autodenominados animalistas tratan de considerar alternativas. Un juzgado de Antioquia, precisamente, revisará una tutela de un habitante de Bello que propone detener el plan del Ejecutivo.
Alexis Fernando Pulgarín Baena, el juez Primero Civil del Circuito de Bello, admitió la demanda, que el bellanita Andrés Felipe Alzate Builes interpuso contra el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el presidente Gustavo Petro y varias corporaciones autónomas regionales.
El amparo alega la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al derecho a un ambiente sano, el “principio de protección de la biodiversidad” y los “principios de protección y bienestar animal”. Alzate, además, pidió “la suspensión inmediata de cualquier medida de sacrificio” como medida cautelar.
Pulgarín no accedió a la pausa provisional, pero sí admitió la tutela para su estudio. El demandante sostiene que “los animales son seres sintientes y merecen especial protección del Estado”, y añade que las autoridades estatales y los particulares “deben procurar el bienestar animal”, evitando el “dolor innecesario”.
“Los animales tienen un valor por sí mismos, independiente de su utilidad para el ser humano”, zanja Alzate. La tutela no estaba precisamente bien estructurada. El juzgado explicó, en el auto de cinco páginas que la admite, que no hay evidencia “de un perjuicio irremediable que requiera la intervención urgente del juez constitucional”.
Dos días para defender el plan del Gobierno contra los hipopótamos
Tampoco delimitó las corporaciones autónomas regionales —las máximas autoridades ambientales en su jurisdicción— demandadas, así que el juez tuvo que precisarlas: Cornare, de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare; Corantioquia, del Centro de Antioquia; Corpoboyacá, de Boyacá, y la CAS, de Santander.
Alzate tiene un día para presentar noticias y comunicados oficiales sobre el sacrificio de los hipopótamos, estudios científicos sobre control poblacional no letal y pronunciamientos de expertos y organizaciones ambientales, ya que los anunció como pruebas en la tutela pero no los remitió.
El Gobierno nacional, Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y la CAS, por su parte, tienen dos días para rendir “un informe detallado” que aporte “todos los elementos probatorios” sobre el plan para controlar los hipopótamos. De no cumplir, el juzgado tomará como ciertos los escuetos argumentos de la demanda.
Los hipopótamos invasores son la descendencia que dejaron cuatro ejemplares que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo a Colombia, desde África, en 1981. El país calcula que los especímenes se han expandido hasta superar los 160, y las proyecciones indican que en 2030 habría al menos quinientos.
Cornare pasó varios años pidiendo medidas para su control. La hacienda Nápoles, de Escobar, tuvo jirafas y rinocerontes que las autoridades reubicaron, pero los hipopótamos se reprodujeron hasta acomodarse cerca de Doradal, un corregimiento de Puerto Triunfo (Antioquia) de unos 97 kilómetros cuadrados, y amenazar la biodiversidad.
De herencia de Pablo Escobar a amenaza ambiental en expansión
Nápoles era el zoológico privado de Escobar. Repleto de especies exóticas compradas en el mercado ilegal internacional, las tres hembras y el macho que el capo importó se multiplicaron alrededor del río Magdalena, sin depredadores y con un clima acogedor. No convivían con campesinos, pero sí se los cruzaban entre carreteras y ataques.
El Ministerio de Ambiente contactó a siete países —como India, México y Sudáfrica— para tratar de trasladar a los colosales mamíferos, pero ninguno accedió a recibirlos. “Lastimosamente”, lamentó la ministra Irene Vélez en una rueda de prensa el 13 de abril, “el silencio administrativo nos indica que no hay interés”.
Los artiodáctilos, subespecie de la que hacen parte estos mamíferos, pueden pesar hasta tres toneladas y consumir casi un quintal métrico de pasto al día, lo que afecta el ecosistema del Magdalena Medio. Sus desechos producen bacterias y liberan cantidades de dióxido de carbono que limitan el oxígeno necesario para las especies nativas. Su movimiento en tierra daña cultivos.
El Ministerio firmó una circular que formaliza su plan de choque. La cartera reconoció que el confinamiento hasta la muerte natural de los ejemplares, combinado con la esterilización, “incrementa significativamente los costos” del manejo, requiere infraestructura robusta y genera riesgos de hacinamiento.
El 15 de junio la agencia del gabinete firmará un convenio con Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y CAS para adoptar las medidas definitivas. El protocolo establece dos modalidades de eutanasia: la química, que es el suministro de un medicamento hasta el fallecimiento, y la física, la caza de control, como última instancia.
