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En el Magdalena Medio, la presencia de hipopótamos se ha convertido en uno de los fenómenos ambientales más complejos del país. Entre ciénagas, ríos y humedales, estas especies introducidas hace más de cuatro décadas hoy se multiplican sin control y transforman el equilibrio de los ecosistemas.
En medio de ese escenario, el debate sobre su manejo ha vuelto a encenderse, esta vez con una decisión del Gobierno Nacional que anunció la eutanasia de 80 ejemplares como medida de control.
Pero más allá de la discusión política, el foco de la preocupación está en el impacto ecológico. El biólogo Víctor Martínez ha sido enfático en advertir que estos animales, traídos inicialmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980 a la Hacienda Nápoles, ya no pueden ser vistos como una especie exótica inofensiva, sino como una amenaza para la biodiversidad.
“La presencia de hipopótamos introducidos por el ser humano está alterando los ecosistemas del Magdalena Medio, especialmente en las fuentes hídricas. Al no tener depredadores naturales, se reproducen sin control y compiten con especies nativas, por lo que deben ser considerados una plaga por su impacto en la biodiversidad”, explicó el experto.
Sus advertencias coinciden con los reportes oficiales. Hoy se estima que la población supera los 200 ejemplares, aunque un censo de 2022 realizado junto a la Universidad Nacional de Colombia registró 169 individuos.
Las proyecciones más recientes indican que, de mantenerse el ritmo de reproducción, la cifra podría superar los 500 hipopótamos hacia el año 2030, lo que aumentaría la presión sobre los ecosistemas.
En ese contexto, el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, autorizó una estrategia de control que incluye la eutanasia de cerca de 80 animales en el segundo semestre de 2026. La medida quedó consignada en una circular que establece los lineamientos técnicos para el manejo de esta especie invasora.
El documento también contempla otras alternativas como la translocación, aunque su aplicación depende de acuerdos internacionales bajo convenios como CITES.
Sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido que no ha sido posible concretar traslados, debido a la falta de países interesados en recibir los ejemplares.
Para especialistas como Martínez, el problema ya superó la fase de advertencia. Su preocupación se centra en el daño progresivo a los ecosistemas acuáticos y la presión sobre especies nativas como el manatí y la tortuga de río, que comparten hábitat con los hipopótamos en el Magdalena Medio.
“Estamos frente a una especie que ya no tiene control natural y que está modificando el territorio”, insiste el biólogo, quien advierte que el debate no solo es ambiental, sino también de sostenibilidad a largo plazo.
Mientras tanto, el Gobierno ha destinado más de 7.000 millones de pesos para la implementación de estas medidas, en coordinación con autoridades ambientales regionales, en un intento por contener una población que, lejos de estabilizarse, sigue creciendo en el corazón del país.
