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La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) respondió a la investigación revelada por La FM, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por cerca de 18.000 millones de pesos para la compra de maquinaria pesada destinada a municipios afectados por la violencia en Norte de Santander, Nariño y Putumayo.
La investigación periodística de La FM, expuso que empresas participantes habrían presentado certificaciones bancarias y de experiencia presuntamente falsas para acceder al proceso contractual, el cual finalmente terminó adjudicado de manera directa horas antes del inicio de la ley de garantías.
Investigación
Según la información conocida, por La FM en noviembre de 2025 Findeter abrió una convocatoria pública para adquirir maquinaria amarilla destinada al mejoramiento de vías en municipios como Tibú, Sardinata, Tumaco, Roberto Payán y Villa Garzón, con recursos del Fondo Paz administrados por Presidencia de la República.
Inicialmente, el contrato tenía un valor de 15.215 millones de pesos, pero luego de que el proceso fuera declarado desierto en dos oportunidades, la entidad abrió una nueva convocatoria incrementando el presupuesto a 18.000 millones de pesos.
Durante el proceso de acuerdo a la investigación de La FM se presentaron varias uniones temporales y consorcios. Sin embargo, la FM pudo conocer que algunos oferentes no habrían cumplido requisitos esenciales y que Findeter realizó múltiples adiciones con las que logró ampliar los plazos para permitir la corrección de documentos.
Uno de los hechos más delicados tiene relación con la Unión Temporal M&B, integrada por Moto Mart SAS e Industrias Búfalo, que presentó una carta cupo supuestamente expedida por el Banco de Bogotá por más de 21.000 millones de pesos.
No obstante, el propio banco habría confirmado que la certificación no correspondía a un documento oficial emitido por la entidad financiera.
La investigación también reveló que dentro de la documentación presentada por este nuevo consorcio apareció una certificación atribuida a DINISSAN, en la que se acreditaba una supuesta relación comercial con una de las empresas participantes.
Sin embargo, según documentos conocidos por La FM, la representante judicial de DINISSAN habría advertido que dicho documento “no corresponde a una comunicación nuestra” y cuestionó la autenticidad de la certificación presentada.
La FM tiene en su poder un documento del 11 de marzo en el que la representante judicial de DINISSAN, Cyslin Yelitza Sánchez, advierte que la certificación presentada para ganarse los 18.000 millones de pesos es falsa.
El documento que revela La FM dice: “Nuestra organización ha tenido conocimiento de que dentro de la documentación presentada por el mencionado consorcio MAQ 2026 podrían haberse aportado certificaciones, referencias comerciales, acreditaciones de experiencia u otra información en la cual se hace mención directa o indirecta a nuestra compañía Distribuidora Dinissan, circunstancia que reviste especial relevancia para nuestra organización, en la medida en que dicha información podría involucrar nuestro nombre, experiencia relaciones comerciales o documentación institucional”.
Sigue la carta: “hemos tenido conocimiento de la existencia de un documento presentado dentro de dicha propuesta, el cual se adjunta como anexo, y que no corresponde a una comunicación nuestra”. “Que no corresponde a una comunicación nuestra”.
Y sigue, “teniendo en cuenta que se hace referencia a nuestra organización, resulta necesario realizar una verificación detallada de su contenido, alcance y procedencia toda vez que no resulta clara la veracidad ni la procedencia de dicho documento”.
Findeter entregó el contrato por 18.000 millones de pesos de manera directa, un día antes del inicio de la ley de garantías, a un consorcio al que DINISSAN cuestiona el pasado 11 de marzo de haber entregado una certificación empresarial de su compañía completamente falsa.
Investigación de la Contraloría
La Contraloría General de la República en el marco de las investigaciones advirtió sobre graves retrasos, suspensiones contractuales y posibles incumplimientos en el programa de construcción de 60 Centros PotencIA en diferentes regiones del país, proyecto que cuenta con una inversión de $234.399 millones.
De acuerdo con el informe entregado por la Contraloría, con corte a abril de 2026 el programa registra un avance general de apenas 17,71 %, cifra que incluye actividades preliminares de estructuración desarrolladas por la Financiera de Desarrollo Territorial.
“El panorama resulta más crítico en los contratos de obra, que apenas alcanzan un avance físico del 2,09 %, correspondiente únicamente a etapas iniciales como estudios, diseños, licencias y permisos, procesos que incluso todavía no han concluido”, sostuvo.
En materia financiera, el organismo confirmó que el Ministerio TIC ya desembolsó $4.056 millones a Findeter, recursos sobre los cuales esta entidad deberá entregar explicaciones y soportes relacionados con su ejecución.
Asimismo, se reportaron pagos autorizados por $37,4 millones correspondientes a actividades de interventoría.
La Contraloría señaló que solicitó información detallada tanto al Ministerio TIC como a Findeter con el propósito de evaluar la gestión fiscal, revisar la administración de los recursos y verificar si existió un manejo adecuado del patrimonio público.
“Los retrasos generan costos de oportunidad y afectan el impacto esperado del programa sobre la ciudadanía, especialmente porque la iniciativa tenía como objetivo beneficiar a más de 1,5 millones de estudiantes y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y de conectividad en diferentes territorios del país”, dijo.
Denuncias a la Fiscalía
Frente a estos hechos, Findeter confirmó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.
El secretario general de la entidad, Iván Alirio Ramírez, aseguró que en los últimos tres años Findeter ha presentado cerca de 157 denuncias ante la Fiscalía por irregularidades detectadas en procesos de contratación pública.
“Las anomalías más recurrentes se han identificado en las cartas de cupo de crédito expedidas por entidades bancarias”, explicó el funcionario, quien agregó que cuando se detectan alteraciones documentales, los oferentes son rechazados y se activan las acciones judiciales correspondientes.
La entidad indicó además que actualmente aplica protocolos de validación directa con las entidades financieras para verificar la autenticidad de los documentos entregados por los contratistas.
La entidad también defendió sus mecanismos de transparencia y aseguró que todos los procesos contractuales son publicados en SECOP y cuentan con supervisión, interventoría y controles administrativos.
Finalmente, Findeter aseguró que no registra actualmente “elefantes blancos” ni pérdida de recursos públicos, destacando que los desembolsos se realizan únicamente contra avance de obra verificado por interventores y supervisores externos.
Las denuncias conocidas ahora quedan en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si existieron delitos relacionados con falsedad documental, fraude en contratación pública o posibles irregularidades en la adjudicación del millonario contrato.
