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Hace dos semanas, Findeter tuvo que dar por terminado un contrato de más de 18.000 millones de pesos para la compra de maquinaria amarilla. Lo hizo luego de que La FM denunció que en la licitación varias empresas habían presentado certificaciones falsas para ganarse el contrato. Tras las revelaciones, la compañía tuvo que presentar dos denuncias a la Fiscalía y apelar a las cláusulas del contrato para acabarlo.
El contrato de 18.000 millones de Findeter que se cayó
El contrato fue estructurado desde diciembre, se había caído dos veces y fue decidido en unas pocas horas antes del inicio de la ley de garantías a un consorcio que nunca existió. La empresa que tenía el 70 % del contrato millonario dijo, luego de que la noticia se hizo pública, que no había firmado ningún consorcio ni entregado representación legal y que tampoco sabía que había ganado la contratación.
Pero esto no es todo. Esta emisora ha denunciado desde hace dos años una secuencia de irregularidades que siempre terminan en contratos millonarios. Esta vez, una fuente que ha estado en los órganos de Gobierno de la institución habló en exclusiva con La FM y reveló que habría congresistas influyendo en los comités de contratación, en donde hay información confidencial y reservada para que no se filtren detalles de los contratos que se van a decidir con plata pública.
Hay varias publicaciones de funcionarios de Findeter en sus redes sociales que sustentan esta afirmación. Allí, estas personas promovieron la campaña de por lo menos tres congresistas en las elecciones de marzo. Las parlamentarias son Jezmi Barraza, Kellyn González y María Eugenia Lopera.
La posible influencia de las congresistas
Findeter trabaja como una banca poniendo créditos a municipios y realizando toda la logística para la contratación e interventoría de proyectos de infraestructura. Las instituciones del Gobierno central le entregan los recursos a Findeter para que este haga las licitaciones y decida los contratistas.
Eso le garantiza un flujo continuo de recursos para obras en municipios en donde congresistas pueden tener intereses electorales. Lo que revela la fuente, bajo reserva para proteger su integridad, es sumamente grave. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, le dijo a esta emisora que priorizaría la investigación en la unidad anticorrupción pero hasta ahora no ha pasado nada.
De hecho, el anterior presidente, Juan Carlos Muñiz, quien tiene una relación cercana con la congresista Jezmi Barraza, mantiene una conexión con el actual presidente de Findeter, Carlos Saad. Muñiz trabajó en el Atlántico con el padre de Barraza, quien hoy es diputado del departamento y tiene relaciones de poder en la región y en los municipios de Soledad y Sabanalarga.
Aquí está la entrevista:
¿Qué es lo que pasa en Findeter, cuáles son las irregularidades?
“Las áreas de contratación, fiducia y contratación derivada empezaron a tener cambios muy extraños que a muchos de nosotros nos parecieron irregulares. Hubo cambios en políticas de contratación, cesiones de posición contractual o cesiones de derechos económicos que no eran usuales y que cambiaron la mecánica de cómo funcionaba la entidad. Esto tiene una relación directa con la presencia de las congresistas del Partido Liberal”.
¿Cómo se prueba la presencia o la influencia de esas congresistas en Findeter?
“Lo primero que se hizo fue realizar la contratación de múltiples personas recomendadas, cercanas, o de los equipos de estas congresistas. Principalmente son personas oriundas de Sabanalarga, Atlántico y de toda la costa Atlántica. Empezaron a contratar a esas personas y a nombrarlas en áreas claves: contratación, tecnología, contratación derivada, y negocios fiduciarios. Con eso se logró un control total de los procesos en las etapas precontractual, contractual y post contractual y todo lo relacionado con los pagos. Eso ocasionó despidos y traslados de cargos que le daban cierto control a las actuaciones en la entidad, etc. Hay presuntos favorecimientos y filtración de información a los equipos de las congresistas y los contratistas que iban a ser favorecidos. Algunas de esas reuniones de los comités de contratación se escuchaban de manera virtual desde las oficinas de esas congresistas. Allí se decidía qué empresas quedaban habilitadas, cuáles puntajes se priorizaban, etc”.
¿Usted me dice que en Findeter los comités en donde se decidían los contratos de la entidad eran escuchados por congresistas de la República?
“Sí. En Findeter pusieron personas estratégicamente en ciertas dependencias, como en el área de contratación, en donde estos funcionarios con sus computadores lograban dar el vínculo de los comités de contratación que se hacían en la entidad para que se escucharan las decisiones que se adoptaban o los cambios de línea para favorecer o o perjudicar a los futuros contratistas”.
¿Quiénes son esos congresistas?
La representante Kellyn González, Jezmi Barraza y María Eugenia Lopera.
¿Qué departamentos y municipios se vieron beneficiados con contratos posiblemente irregulares con esas actuaciones?
“Había contratos nacionales, como el del Data Center. Hay otros procesos relacionados con contratos del Invías en donde hubo filtración de información. También hubo contratos dirigidos al Atlántico, Magdalena, algunos directamente en Bogotá y Cesar”.
La FM le preguntó a las tres congresistas por las afirmaciones de la fuente pero ninguna contestó.
El secretario general de Findeter, Ivan Alirio Ramírez, sí contestó el cuestionario enviado por esta emisora. Esta fue su respuesta:
“En cuanto a su inquietud, puedo afirmarle con total claridad que llevo más de siete años vinculado a Findeter, habiéndome mantenido en la entidad a través de tres cambios de administración, dando cuenta de una trayectoria marcada por la independencia, la transparencia y el rigor en los procesos de contratación; en ese tiempo me he desempeñado como Director de Contratación, jefe de contratación derivada y actualmente como Secretario General, sin que en ningún momento haya evidenciado la participación de congresistas o de personas externas en comités de contratación, ni tenga conocimiento de que ello haya ocurrido”.
“El Comité de Contratación es un órgano estrictamente reglado: únicamente asisten las personas formalmente convocadas para cada sesión, esto es, el Secretario General, Director de Contratación, Director Jurídico, Vicepresidente de Planeación, miembros de los comités evaluadores técnico, jurídico y financiero, así como los profesionales de la vicepresidencia técnica que estructuran el proceso, a quienes se les permite el ingreso únicamente cuando van a exponer su punto, finalizado este se expulsan de la sesión; no está permitido el ingreso de terceros distintos a estos. Resulta, entonces, especialmente grave lo que usted señala, pues las deliberaciones del comité no son públicas y cualquier filtración de la información allí discutida implica un incumplimiento directo de las políticas de seguridad y protección de la información y, por tanto, es denunciable no solo ante la autoridad competente, sino también al interior de Findeter, que tiene el deber de salvaguardar información que no es pública y cuya vulneración puede acarrear consecuencias de tipo laboral y judicial".
