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En el marco de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, los trabajadores, a través de las centrales obreras, plantearon un aumento del 16% para el salario mínimo y el auxilio de transporte. Esta propuesta elevaría el salario mínimo a $1.601.260, con un incremento de $227.760. El auxilio de transporte, por su parte, se fijaría en $232.000, para un total de $1.833.260.
Por otro lado, los gremios empresariales presentaron una propuesta de incremento del 7,21%, que representa un ajuste de $102.634 aplicado a ambos componentes (salario y auxilio de transporte). Con este porcentaje, el salario mínimo quedaría en $1.536.134, y el auxilio de transporte en $214.420, sumando un total de $1.740.554.
Bases de las propuestas y diálogo
Las organizaciones sindicales argumentan su cifra en factores clave como la inflación causada, la inflación esperada, el comportamiento de la productividad y el impacto directo del costo de vida en áreas sensibles como educación, salud, vivienda y servicios públicos.
Según los sindicatos, el incremento debe responder a las presiones inflacionarias que han golpeado especialmente a los hogares que devengan un salario mínimo, por lo que un ajuste robusto es necesario para preservar el poder adquisitivo de cerca de 12 millones de trabajadores.
En contraste, los empresarios sostienen que su planteamiento se basa en los indicadores macroeconómicos disponibles y en la necesidad de garantizar un ajuste responsable que no afecte el empleo ni la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Avances y mediación gubernamental
A pesar de la amplia distancia entre ambas posiciones, el Ministerio de Trabajo valoró como positivo que los gremios presentaran su propuesta de manera oficial y por escrito, algo que no había ocurrido en años anteriores. Esto, según la entidad, contribuye a un ambiente de discusión respetuoso y más transparente.
El Gobierno actuará como mediador en las próximas sesiones, con la expectativa de acercar las dos propuestas. La Comisión de Concertación tiene plazo hasta el 15 de diciembre para lograr un acuerdo tripartito y fijar el salario mínimo que entrará en vigor el 1.º de enero de 2026.
El ministro de Trabajo, Antionio Sanguino, señaló que la gran diferencia inicial puede interpretarse como una oportunidad para el diálogo.
"Puede ser leído de manera positiva. Hay un gran margen que nos permite un terreno de discusión y búsqueda de acuerdos que deje satisfechas a las partes y, sobre todo, sea de buen recibo para los trabajadores, especialmente para los más de 12 millones que devengan un salario mínimo”, afirmó el jefe de la cartera.
Discusión sobre desindexación
Durante el encuentro, también se abordó la propuesta de desindexar ciertos productos y servicios del salario mínimo, una medida solicitada históricamente por diversos sectores.
El Gobierno, explicó Sanguino, propone avanzar en la desindexación de los costos asociados a la Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS y VIP). Por su parte, las centrales sindicales han solicitado incluir también los servicios públicos, especialmente el de agua potable, dado su impacto en la inflación según cifras recientes del DANE.
“Por lo menos lo de vivienda sí lo hemos conversado con el Ministerio de Hacienda y hay decisión del Gobierno de avanzar en esa dirección”, señaló el funcionario.
El ministro destacó positivamente que, por primera vez en varios años, los gremios empresariales formalizaron su propuesta por escrito. “Eso da cuenta de un buen ambiente de discusión, respetuoso, sin altisonancias ni tonos elevados, algo valioso en un país acostumbrado a debates de alto volumen”, concluyó.
