Convocatoria Abre Cámara 2025: sector audiovisual denuncia retrasos en pagos pese a recursos comprometidos desde marzo

63 productoras advierten retrasos en giros estatales que afectan pagos a más de 1.500 trabajadores del sector audiovisual en todo el país.
Convocatoria Abre Cámara 2025
Convocatoria Abre Cámara 2025 Crédito: Cortesía MinTic

Productores audiovisuales, trabajadores del sector y organizaciones gremiales denunciaron retrasos en los desembolsos de la Convocatoria Audiovisual MinTIC “Abre Cámara 2025”, pese a que los recursos están respaldados por un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) desde marzo de este año y a que los proyectos ganadores han cumplido con los requisitos exigidos por la entidad.

La situación fue expuesta en una carta dirigida al Ministerio de Hacienda y al Ministerio TIC, en el que los beneficiarios advierten impactos financieros graves para empresas productoras, retrasos en el pago de salarios y afectaciones directas a comunidades indígenas, afrocolombianas y operadores comunitarios que resultaron ganadores del estímulo público.

Una convocatoria abierta en medio de restricciones fiscales

Según reveló Juan Camilo Ramirez de Noticias RCN, y como relatan los firmantes de la carta, durante los primeros meses de 2025 el Gobierno Nacional evaluó no abrir la convocatoria Abre Cámara debido a las dificultades en el flujo de caja. Tras mesas de trabajo con agremiaciones, sindicatos y representantes del sector audiovisual, el Ministerio TIC decidió continuar con el proceso, aunque con un presupuesto reducido frente a vigencias anteriores.

La convocatoria fue abierta oficialmente mediante la Resolución 00138 del 23 de abril de 2025, y el listado de ganadores se publicó posteriormente a través de la Resolución 00313 del 22 de agosto de 2025, en la que se asignaron recursos y se ordenaron los desembolsos correspondientes a 63 proyectos audiovisuales.

Tanto en la carta del sector como en los actos administrativos del MinTIC se establece que los recursos de Abre Cámara 2025 están amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 143125 del 21 de marzo de 2025, por un valor total de $13.957.650.000, destinados a financiar etapas de guion, preproducción, producción y postproducción.

En un comunicado enviado a los ganadores, el propio Ministerio TIC reconoció que cada uno de los proyectos cuenta con su respectivo registro presupuestal, lo que implica que los recursos fueron comprometidos formalmente dentro del Presupuesto General de la Nación.

Desembolsos incompletos y proyectos ya ejecutados

El esquema de financiación contempla tres desembolsos: 40%, 50% y 10%. Sin embargo, según la carta de los audiovisuales y las entrevistas realizadas por La FM, el segundo y tercer desembolso no se han efectuado, pese a que los beneficiarios entregaron la documentación requerida.

Un contratista audiovisual, que pidió reserva de su identidad, explicó que muchas empresas ya ejecutaron total o parcialmente los proyectos confiando en los cronogramas oficiales: “Nos pidieron correr, contratar equipos, alquilar tecnología y cumplir plazos. Cumplimos, entregamos todo y después nos dicen que no hay fecha para pagar”.

De acuerdo con la Resolución 00485 del 9 de diciembre de 2025, incluso existen al menos cinco beneficiarios —principalmente comunidades indígenas y operadores comunitarios— que no han recibido ni siquiera el primer desembolso, a pesar de haber radicado los documentos exigidos.

Impacto en trabajadores y endeudamiento de productoras

Las entrevistas recopiladas por La FM dan cuenta de un impacto que va más allá de las productoras. Más de 1.500 trabajadores del sector audiovisual —entre técnicos, realizadores, editores, sonidistas y personal logístico— presentan retrasos de entre dos y cinco meses en el pago de sus honorarios.

Lili Bonil, presidenta de la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA), advirtió que las empresas han asumido deudas bancarias y compromisos personales para responder a sus equipos: “Las productoras están dando la cara frente a los trabajadores, pero no tienen cómo pagar porque los desembolsos no llegan”.



Lo que reconoce oficialmente el MinTIC

En la Resolución 00485, el Ministerio TIC reconoce de manera expresa que el retraso en los pagos no obedece a la inexistencia del recurso ni a falta de apropiación presupuestal, sino a restricciones en la disponibilidad real de caja, asociadas al Programa Anual de Caja (PAC) de la Nación.

El documento señala que la ejecución de los recursos depende de los giros del Ministerio de Hacienda y que la baja liquidez del Gobierno Nacional durante 2025 ha afectado transversalmente a todas las entidades del Estado, incluido el MinTIC.

Cambio de plazos tras los retrasos

Ante la imposibilidad de garantizar los desembolsos dentro del plazo inicialmente establecido, el MinTIC modificó el cronograma de ejecución mediante la misma Resolución 00485, extendiendo el plazo máximo para la culminación de los proyectos hasta el 31 de marzo de 2026.

La entidad argumentó que exigir la entrega antes del 31 de diciembre de 2025, sin haber girado la totalidad de los recursos, impondría una carga desproporcionada a los beneficiarios, desconociendo el carácter de estímulo público de la convocatoria.

Comunidades étnicas entre las más afectadas

La carta enviada a ambos ministerios por el sector audiovisual advierte que la situación es especialmente crítica para proyectos desarrollados por comunidades indígenas y afrocolombianas, que no cuentan con respaldo financiero adicional.

“Cuando una comunidad participa por un estímulo de este tipo es porque esa plata es vital. No pueden esperar meses sin respuestas claras”, señaló uno de los productores consultados por La FM.

Sin fechas claras de pago

Aunque el Ministerio TIC reiteró en su comunicación que la totalidad de los recursos asignados será entregada, también advirtió que algunos desembolsos podrían realizarse durante 2026, dependiendo del plan de pagos que defina el Ministerio de Hacienda.

A cierre de 2025, los 63 proyectos ganadores permanecen sin un cronograma concreto de pagos, pese a contar con contratos firmados, recursos comprometidos y resoluciones que reconocen el cumplimiento de los beneficiarios.

Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de pequeñas y medianas productoras, la continuidad laboral de cientos de trabajadores y la confianza en las convocatorias públicas como mecanismo de fomento al audiovisual colombiano.


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