Doce acuerdos voluntarios y colectivos de conservación del agua fueron implementados en cinco municipios de Cundinamarca, con la participación de comunidades rurales de Sesquilé, Guatavita, Guasca, La Calera y Fómeque, en zonas de influencia del Páramo de Chingaza y el embalse de Tominé.
La información fue divulgada por la alianza público-privada conformada por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y la Fundación Alianza BioCuenca, entidad encargada de la operación del proyecto.
Alcance territorial y actores involucrados
Los acuerdos se desarrollaron en el marco del proyecto Incentivos a la Conservación, una iniciativa que articuló a entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y comunidades locales con el objetivo de fortalecer la protección de áreas estratégicas para el abastecimiento de agua en la región. Según la información divulgada, el proceso contó con el apoyo de socios y aliados como la Fundación Santo Domingo y la Corporación Agua Somos, entre otros.
El proyecto tuvo una duración de tres años y superó inversiones por más de 5.700 millones de pesos, orientadas a la gestión ambiental en más de 3.700 hectáreas consideradas clave para el recurso hídrico en Cundinamarca. Durante este periodo se adelantó un trabajo técnico, ambiental y social con distintos actores del territorio vinculados al uso y cuidado del agua.
Inversiones y acciones de conservación
Las inversiones se destinaron a la protección de nacimientos de agua y bosques, así como a procesos de restauración ecológica, que incluyeron la siembra de especies nativas para recuperar la cobertura natural. También se instalaron bebederos, tanques de almacenamiento y sistemas sépticos, junto con acciones de fortalecimiento productivo en las comunidades rurales participantes.
Las acciones implementadas buscaron mejorar las condiciones de vida de las comunidades, integrando el cuidado del agua como eje de sostenibilidad, al tiempo que se promovía la conservación de los ecosistemas estratégicos del territorio. La Secretaría Distrital de Ambiente señaló que este tipo de alianzas generan impactos positivos en los ecosistemas clave para el agua en Cundinamarca y Bogotá, y fortalecen la gobernanza ambiental.
Pagos por Servicios Ambientales y beneficiarios
Los acuerdos se estructuraron bajo la modalidad de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), un mecanismo económico que contempla compensaciones técnicas, financieras y en especie a personas y comunidades que realizan acciones de protección y recuperación ambiental. La metodología aplicada tomó como referencia el Programa MiPáramo, una plataforma de acción colectiva orientada a la protección del agua.
A través de estos esquemas se beneficiaron 106 familias propietarias de 116 predios, que en conjunto suman 3.706 hectáreas destinadas a la conservación. La inversión específica en incentivos entregados a las comunidades ascendió a cerca de 1.700 millones de pesos, según la información divulgada por la alianza responsable del proyecto.
Representantes comunitarios destacaron los beneficios obtenidos en infraestructura y acceso al agua, incluyendo cercas vivas, tanques de reserva y mejoras en sistemas que abastecen a cientos de familias. Desde la Fundación Alianza BioCuenca indicaron que los resultados permiten escalar este tipo de iniciativas y replicarlas en otros territorios, al considerar la acción colectiva como un elemento central para la protección del recurso hídrico y el bienestar rural.