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El Ministerio de Salud ha emitido una dura crítica al informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre el impacto financiero de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional.
En un comunicado oficial, la cartera afirmó que las proyecciones fiscales divulgadas por la entidad "parten de supuestos incompletos" y, por lo tanto, no reflejan el alcance real del proyecto de ley.
El Ministerio señaló que el CARF —organismo técnico especializado en análisis fiscal, no sanitario— omitió elementos centrales del proyecto, limitando la validez de sus estimaciones sobre el eventual costo de la transformación del modelo.
Según la entidad, el informe, titulado “Análisis de las presiones fiscales del sector salud de Colombia y del proyecto de reforma 410 de 2025”, interpreta la reforma como una mera ampliación del esquema vigente. Esto, subraya el Ministerio, desconoce que el núcleo del proyecto es un nuevo modelo basado en la Atención Primaria en Salud (APS), la prevención y la gestión anticipada del riesgo.
Este enfoque, asegura la cartera, reducirá a mediano plazo la presión sobre los servicios de mediana y alta complejidad y permitirá una planificación del gasto más eficiente. "Ignorar este componente conduce a conclusiones 'fiscalmente sesgadas'", aseveró.
Para respaldar su postura, el Ministerio citó un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que indica que el 17 % del gasto en hospitalizaciones en Colombia se debe a causas prevenibles, lo que representa cerca de 1,7 billones de pesos al año. Con un primer nivel de atención reforzado, estos costos se reducirían gradualmente, puntualizó.
Cuestionamientos Metodológicos a la UPC
Otro de los principales cuestionamientos del Ministerio se centra en la forma en la que el CARF proyecta el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
"Extrapolar la dinámica histórica del sistema sin incorporar cambios estructurales —como la reorganización del modelo, la eficiencia administrativa o la planificación del gasto— constituye un error metodológico", sostuvo el comunicado.
El documento oficial recuerda que el sistema actual presenta altos niveles de ineficiencia, incluyendo:
- Gastos administrativos del 5,4 % (superiores al promedio de la OCDE, que es de 3,5 %).
- Un gasto farmacéutico entre 4 y 7 puntos porcentuales mayor que en otros países comparables, con márgenes mayoristas de hasta el 20 %.
El Ministerio advierte que conservar estos supuestos perpetúa costos que la reforma busca corregir.
Gastos No Atribuibles a la Reforma
El Ministerio también acusó al CARF de atribuir a la reforma gastos que son obligaciones inherentes al Estado, independientemente del modelo institucional que se implemente. Estos incluyen la modernización de la red pública, la actualización tecnológica y la atención a pasivos acumulados por décadas.
"Estas inversiones responden a la obligación del Estado de garantizar infraestructura digna para la población, no son efectos propios del proyecto de ley", precisó.
La entidad destacó que el CARF tampoco consideró la nueva configuración institucional propuesta, en la que:
- La ADRES asumiría un rol central en la administración de los recursos.
- Se reorganizaría la red pública hospitalaria.
- Se implementaría un sistema interoperable de información.
- Se fortalecería el liderazgo territorial en la gestión sanitaria.
Asimismo, se ignoró el Sistema de Gestión para el manejo eficiente de los recursos, una herramienta que el Gobierno promete que reducirá sobrecostos, mejorará la trazabilidad del gasto y asegurará que cada peso invertido genere valor en salud.
Impuestos Saludables y Sostenibilidad
Un componente crucial que, según el Ministerio, no fue considerado es la política integral de impuestos saludables. Esta no solo previene enfermedades de alto costo, sino que también genera recursos adicionales y estables para la sostenibilidad financiera del sistema.
El Ministerio de Salud recordó, además, que debido a factores como el envejecimiento poblacional, las tecnologías médicas y la transición epidemiológica, el gasto en salud aumentará más de un punto del PIB en los próximos años, sin importar el modelo vigente. La discusión, concluyó, no es si el gasto crecerá, sino si lo hará en un sistema que corrija o perpetúe sus ineficiencias.
Aunque la cartera reconoció que el CARF "aporta insumos para la discusión pública", insistió en que sus cifras no responden al diseño real de la reforma. Recalcó que la propuesta del Gobierno no implica un riesgo fiscal desbordado, sino una transición "ordenada hacia un sistema más eficiente, moderno y equitativo".
