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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, puso en marcha una consulta pública orientada a definir una hoja de ruta de acciones prioritarias para la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
El proceso busca recoger aportes de distintos sectores para orientar las medidas que garanticen derechos de acceso en asuntos ambientales, como la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.
La iniciativa se enmarca en los compromisos asumidos por el país frente a este acuerdo regional y tiene como propósito fortalecer la democracia ambiental.
La consulta está abierta a la participación de ciudadanía, comunidades, pueblos étnicos, organizaciones sociales, academia y autoridades territoriales, quienes podrán presentar comentarios, observaciones y sugerencias dentro del plazo establecido.
Alcance y objetivos del proceso
El periodo de participación estará habilitado hasta el 19 de febrero. Durante este tiempo, los aportes ciudadanos serán insumos para estructurar un instrumento estratégico que oriente la implementación del Acuerdo de Escazú en el país, de acuerdo con principios de derechos humanos y gobernanza ambiental.
Entre los objetivos planteados se encuentra el fortalecimiento del acceso a la información ambiental, la promoción de una participación pública informada e incidente y la consolidación de mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental.
El proceso también contempla un enfoque especial en la protección de las personas defensoras del ambiente y los territorios, de acuerdo con los lineamientos del acuerdo regional.
Ejes prioritarios de la hoja de ruta
La propuesta de hoja de ruta se organiza alrededor de varios ejes considerados prioritarios. Uno de ellos es la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante acciones de prevención y coordinación entre distintas entidades del Estado.
Otro eje central es el acceso efectivo a la justicia ambiental, junto con la garantía del principio de no regresividad en la protección de los derechos humanos ambientales. También se plantea la prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.
La hoja de ruta incluye acciones para fortalecer el acceso a la información ambiental, a través de la consolidación del Sistema de Información Ambiental de Colombia, la transparencia activa y el principio de máxima divulgación.
Asimismo, se promueve una participación pública incidente y culturalmente pertinente, que reconozca la diversidad sociocultural y el diálogo de saberes.
Articulación institucional y participación ciudadana
La elaboración de esta propuesta contó con la participación de varias entidades del orden nacional.
El trabajo se desarrolló en una mesa interinstitucional integrada por ministerios, departamentos administrativos y entidades técnicas, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su rol de Secretaría del Acuerdo de Escazú.
La implementación de la hoja de ruta se prevé a través de una Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, actualmente en proceso de definición. Esta instancia tendrá como función coordinar acciones y definir metas, indicadores y plazos, una vez finalizado el proceso de consulta pública.
El Ministerio de Ambiente invitó a la ciudadanía a participar activamente, señalando que los aportes recibidos serán clave para orientar las acciones futuras relacionadas con la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
