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La crisis del sistema de salud será uno de los primeros desafíos que asumirá el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Con problemas en el suministro de medicamentos, deudas entre los actores del sector y dificultades para garantizar la atención de miles de pacientes, la nueva administración anunció un plan de rescate por hasta $10 billones que comenzará a llevarse ejecutarse en los primeros 90 días de gobierno.
Esta estrategia fue presentada en el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas por Iván Sánchez, vocero del equipo de salud del presidente electo. Allí explicó que los recursos serán para atender las necesidades más urgentes del sistema, pero aclaró que no se entregarán sin controles, sino que cada desembolso contará con auditoría y trazabilidad.
Los primeros recursos buscarán aliviar la crisis del sistema
Según Sánchez, la primera decisión del nuevo Gobierno será activar un plan de salvamento de 90 días para movilizar hasta 10 billones de pesos, una cifra que, según indicó, hace parte del marco fiscal y presupuestal que ya prevé la nueva administración.
El vocero aseguró que el dinero será priorizado, con el propósito de garantizar que el dinero llegue a los puntos donde existe mayor necesidad y que pueda hacerse seguimiento a su utilización.
Entre los principales destinos de esos recursos están:
- Pago de obligaciones pendientes con hospitales y clínicas.
- Garantizar el suministro de medicamentos para los pacientes.
- Atención de personas con enfermedades de alto costo.
- Fortalecimiento institucional del sistema de salud.
Uno de los temas que más preocupa al equipo del presidente electo es la situación de los pacientes con enfermedades complejas. Durante el proceso de empalme se recibieron informes preliminares que hablan de más de 900.000 registros de pacientes oncológicos cuyos servicios estarían pendientes, suspendidos o incompletos.
A esas cifras se suman cerca de 1,6 millones de personas con enfermedades crónicas que tendrían dificultades para acceder a tratamientos o medicamentos. Además, se reportan alrededor de 3.000 pacientes trasplantados con riesgo de interrupciones en el suministro de inmunosupresores.
Sánchez explicó que estos datos aún deberán verificarse, pero insistió en que son alertas que necesitan atención inmediata. Incluso dijo que, para el nuevo Gobierno, cada alerta clínica deberá convertirse en una persona identificada y ubicada para facilitar su atención.
Se instalará una mesa nacional para revisar las deudas del sector
Como parte del plan, el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional en la que participarán autoridades del sector, EPS, IPS, proveedores, pacientes, trabajadores de la salud y sociedades científicas.
El propósito será revisar los años entre 2022 y 2026, establecer cuáles corresponden realmente a deudas exigibles y definir una ruta para su pago. Según explicó Sánchez, no todos los pasivos contables son una deuda que deba pagarse, pero aquellas obligaciones plenamente identificadas deberán tener un mecanismo para ser atendidas.
También se hará una revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027 y el estudio de un posible ajuste extraordinario para la UPC de 2026. Esa decisión dependerá del respaldo técnico y de la disponibilidad de recursos fiscales.
Los cuatro ejes que tendrá el Ministerio de Salud
Durante el encuentro también se presentaron los cuatro pilares sobre los cuales trabajará el Ministerio de Salud, que estará encabezado por Ana María Vesga.
El primero estará enfocado en responder a la crisis humanitaria mediante la caracterización de la población y la identificación de las necesidades de los pacientes de acuerdo con las enfermedades que presentan.
El segundo eje será financiero. La idea es inyectar liquidez al sistema, al tiempo que se estudian nuevas fuentes de financiación y mecanismos presupuestales que permitan respaldar la atención en salud.
El tercer componente consistirá en conciliar las cuentas entre los diferentes actores del sistema para determinar cuánto se debe, quiénes son los acreedores y cuáles obligaciones deberán pagarse. Además, el Gobierno indicó que dará cumplimiento a las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con el cálculo técnico de la UPC.
El cuarto eje estará dirigido a fortalecer la transparencia de la información, especialmente en la Nueva EPS, cuya situación financiera continúa siendo motivo de revisión debido a que sus estados financieros no se conocen desde 2023, pese a la existencia de una decisión judicial que ordenó hacer pública esa información.
La propuesta también plantea incorporar nuevas variables para la recolección de datos que servirán de base para definir la UPC y mejorar el seguimiento a la destinación de los recursos del sistema.
¿En qué se invertirán los $10 billones anunciados?
Los recursos estarán destinados al pago de obligaciones con hospitales y clínicas, el suministro de medicamentos, la atención de pacientes con enfermedades de alto costo y el fortalecimiento institucional del sistema de salud. Además, estarán sujetos a auditorías y mecanismos de seguimiento.
¿Qué pacientes serán priorizados por el plan de rescate?
El Gobierno entrante buscará atender primero a los pacientes con enfermedades oncológicas, enfermedades crónicas y personas trasplantadas que presentan dificultades para acceder a tratamientos o medicamentos, de acuerdo con los reportes conocidos durante el proceso de empalme.
¿Qué otros cambios contempla la estrategia para el sistema de salud?
La propuesta incluye la instalación de mesas técnicas para conciliar las deudas entre EPS e IPS, la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y medidas para mejorar la transparencia de la información financiera, especialmente en la Nueva EPS.
