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La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de iniciar operativos para identificar y deportar migrantes en situación irregular abrió un debate sobre la forma en que Colombia debe enfrentar la migración venezolana. El mandatario ordenó priorizar a los extranjeros que estén cometiendo delitos y, posteriormente, a quienes no tengan regularizada su situación migratoria.
El anuncio fue analizado en el programa Tarde, Pero Llego, que entrevistó a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. El académico cuestionó la viabilidad de realizar expulsiones masivas y defendió la regularización como una herramienta para fortalecer el control migratorio y la seguridad.
Rodríguez señaló que Colombia tiene alrededor de 847.894 ciudadanos venezolanos en condición irregular, de acuerdo con la cifra de Migración Colombia mencionada durante la entrevista. Según su explicación, se trata de una población de tal magnitud que una estrategia basada exclusivamente en deportaciones tendría importantes dificultades logísticas y económicas: "Sería terriblemente costoso", aseguró. La cifra coincide con estimaciones publicadas sobre la población venezolana en situación irregular.
Regularización frente a deportación de venezolanos
Para Rodríguez, la regularización de los migrantes venezolanos no respondió únicamente a razones humanitarias. Según explicó, también fue una decisión pragmática frente a una frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela y a una crisis migratoria que produjo una llegada sostenida de ciudadanos del país vecino.
El investigador destacó el papel del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). A su juicio, uno de sus principales resultados fue permitir que el Estado colombiano identificara a quienes permanecían en el territorio mediante información como fotografías, huellas y firmas.
Desde esta perspectiva, Rodríguez sostiene que regularizar permite al Estado conocer quiénes están en Colombia y facilita la formulación de políticas públicas. Además, afirmó que la población venezolana ha contribuido a la actividad económica y al proceso demográfico del país.
La posición del académico no implica desconocer la obligación de cumplir la ley. Durante la entrevista, Rodríguez fue enfático en que ninguna persona puede infringir las normas colombianas por razón de su nacionalidad. Por ello, diferenció entre la situación migratoria irregular y la comisión de delitos.
Seguridad y población venezolana
Uno de los argumentos centrales de Rodríguez es que la irregularidad puede convertirse en un factor de vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales. En particular, llamó la atención sobre los 193.213 niños, niñas y adolescentes venezolanos que, según la cifra expuesta en la entrevista, permanecen en condición irregular.
El investigador consideró que facilitar su regularización podría contribuir a reducir riesgos como el reclutamiento por grupos criminales. En este punto, su planteamiento es que las políticas de seguridad y migración pueden complementarse mediante la identificación y regularización de la población.
La discusión adquiere especial relevancia porque Colombia alberga cerca de 2,8 millones de venezolanos, según cifras recientes citadas por agencias internacionales. La mayoría de los migrantes extranjeros en el país son venezolanos, por lo que una política general contra la irregularidad tendría un impacto significativo sobre esta comunidad.
Un debate que continúa
Rodríguez también explicó que la migración venezolana hacia Colombia no se ha detenido. Según los datos que mencionó en la entrevista, el número de ciudadanos venezolanos pasó de aproximadamente 2,841 millones en enero a 2,845 millones posteriormente, lo que, a su juicio, evidencia que el fenómeno migratorio continúa, aunque con una dinámica diferente a la registrada en 2018 y 2019.
La posición del Gobierno de De la Espriella representa un cambio frente a la política migratoria que Colombia había desarrollado durante los últimos años. El presidente sostiene que los operativos deben comenzar por quienes cometen delitos y continuar con quienes se encuentran en situación irregular.
El planteamiento de Rodríguez, en cambio, propone comenzar por la regularización para fortalecer la identificación, facilitar la integración y posteriormente aplicar las medidas correspondientes frente a quienes infrinjan la ley.
El debate, por tanto, no se limita a decidir entre permitir o expulsar migrantes. La discusión central está en cómo combinar el control migratorio, la seguridad y la regularización de una población que lleva años integrada a la sociedad y la economía colombianas, sin equiparar automáticamente la irregularidad migratoria con la criminalidad.
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